SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLAPSO….SIN REMEDIO???

 In CONTRASTES PENALES

Con la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia, se esperaba la solución a innumerables conflictos que aquejaban a la justicia penal.

La oralidad se vislumbraba como la esperanzadora máquina que permitiría dinamizar los trámites que se habían vuelto engorrosos en el caduco sistema escritural atiborrado de expedientes en anaqueles y escritorios judiciales, promocionándose además como un sistema que brindaba mayores garantías procesales y equilibrio para los intervinientes.

En medio del optimismo de este panorama reformista, se ofrecen en la innovadora normativa amplias rebajas de pena a través de los allanamientos y preacuerdos, que permitían disminuciones porcentuales sin precedentes en nuestro panorama judicial, incluso hasta del 50% de las sanciones. Sin embargo, a la vez se adornaban paralela  y agazapadamente de tranquilizadoras figuras, ante la sociedad, tan preocupada por las generosas rebajas, con una normativa que aumentaba todas las penas (Ley 890 de 2004), mitigando así la posibilidad, preocupante para muchos, de castigos menos severos y de pronta excarcelación de los condenados, y preservando el populismo que regenta los temas punitivos con tan altos réditos políticos y electorales, sin preocupación alguna de no guardar relación con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que como principios de las sanciones penales, se constituyen en “verdades fundantes” o “supremas” de nuestro derecho penal, fundamentos éstos que en la realidad contrastan con las irrefutables realidades de las urnas en época electoral, últimas éstas que terminan  cobrando mayores rendimientos y que finalmente regentan nuestra aparente política criminal y logran dominar el ejercicio de un ius puniendi más pendiente del aplauso y del voto que de respetar las garantías procesales que se ufana de integrar a nuestros ordenamientos penales y penitenciarios.

Pues bien, aparejado a la atractiva y aclamada propuesta de modificación de nuestro sistema de enjuiciamiento, se prometía que una enorme cantidad de problemas sometidos a la justicia penal, serían resueltos a través de la materialización de cláusulas constitucionales propias de un marco jurídico democrático y participativo, facilitando la participación de todos en las decisiones que los afecten, como fin esencial del aparato estatal, a través de mecanismos como los de justicia restaurativa, principio de oportunidad y los mencionados allanamientos y preacuerdos.

En este orden de ideas, nos enfrentábamos a un panorama aparentemente tranquilizador, pues pocas serían las investigaciones que se definirían en un juicio oral, lo cual garantizaría un evidente equilibrio en la tarea jurisdiccional, con cargas laborales atendibles que permitieran asumir responsablemente tan vital función dentro de una sociedad conflictiva como las que más.

La realidad ha sido bien distinta. En comienzo se ha establecido que frente a un buen número de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no solo se imponía como única medida de aseguramiento la intramural, sino que no se otorgaría beneficio de sustitución de detención preventiva en el lugar de residencia, ni subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional, sustitución de ejecución de la pena ni beneficio o subrogado judicial o administrativo alguno, salvo por colaboración eficaz. Además, no procederían rebajas por negociaciones y preacuerdos.

Tales medidas se pregonan, de la mano de importantes incrementos punitivos para algunos de los delitos allí contemplados, con el irreprochable objeto de proteger a los menores víctimas, propuesta que a ojo cerrado recibe aclamación universal.

Pues tan cerrado ha estado el ojo en la adopción de dichas disposiciones, que los objetivos se han alejado en dimensiones astronómicas, en comienzo porque de la mano de tales medidas de aumento de penas, y prohibición de rebajas y del ejercicio de derechos para los presuntos infractores, no se han operativizado mecanismos de atención adecuada e integral a la población menor, víctima de tales delitos, y menos a su núcleo familiar, lo cual devela que ese tan aclamado y rentable interés, en realidad no ha sido el verdaderamente buscado al expedir los dispositivos normativos, y que más bien se aproxima a un populismo punitivo, como siempre caracterizado por partir de poco estudio y bases erradas, con ineficaces resultados, pero tan rentable en las esferas del poder político.

Además, si lo que en realidad se buscaba era el presupuesto de justicia, partiendo de más ejemplarizantes condenas, lo que se ha logrado es, muy por el contrario, mayor número de absoluciones (no con ello se quiere significar inadecuada justicia), pues en buen número de casos, por no decir en todos, estas conductas se cometen en la penumbra, sin testigos distintos al menor de edad, que asustado y revictimizado acude a un juicio o a una entrevista, en el mejor de los casos, y por su escasa edad, condicionamientos familiares, económicos y culturales, entre otros factores, no logra irradiar claridad sobre los presupuestos necesarios para condenar (conocimiento más allá de toda duda), por lo que flaco servicio se presta así al menor víctima, que está ante el populista panorama legal de unas altas penas y duras condiciones para su agresor, quien termina en un sinnúmero de casos absuelto, agregándose a este mapa, el abandono estatal o la precaria atención al niño, niña o adolescente que fue víctima del delito.

Recuérdese que cuando se albergaba la posibilidad de rebaja de penas a través de los preacuerdos y allanamientos, se llegaba a un alto número de fallos anticipados, que aunque con rebaja de pena, una vez verificado por el Juez de Conocimiento el respeto de las Garantías y el Debido Proceso del imputado o acusado, generaba una sentencia condenatoria, y la materialización de los presupuestos de verdad, justicia y la posibilidad de adelantar trámite de reparación integral a través del incidente ante el fallador penal (tema que merece un análisis separado frente al tema de congestión en el sistema penal acusatorio) o ante el Juez Civil, a su elección.

Ni qué decir, sin entrar en profundidades ajenas a este escrito, de la prohibición de rebajas y beneficios para delitos como la Extorsión y conexos, Secuestro Extorsivo y Terrorismo, que como medidas propias de la libertad configurativa del legislador, conllevan a agotar el procedimiento ordinario de acudir a un juicio, y se salen de los presupuestos prometidos con la implementación del sistema, lo que trae consigo necesariamente el aumento de fiscales, investigadores y jueces, para atender tal compromiso con la sociedad, así como infraestructura judicial, todos ellos inobservados, no de forma desprevenida e inadvertida para el aparato estatal, que aunque modifica dentro de su posibilidad regulatoria tales escenarios, deja al aparato de justicia en condiciones famélicas y luego le enrostra que no se suma al propósito legislativo.

Pero más grave aún resulta la modificación del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, a cargo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que amplía las situaciones de flagrancia, para seguidamente, en su parágrafo, reducir a una cuarta parte la rebaja por aceptación de cargos, que ha sido entendida por la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales como una cuarta parte de lo que le correspondería, es decir que la rebaja más alta que obtendría el capturado en las ampliadas situaciones de flagrancia sería de 12,5 por ciento de pena.

Tal medida legislativa, ha llevado a que sean mínimos los eventos de aceptación de cargos, ubicando la realidad judicial aún más lejos de lo que ya hemos notado se encuentra hoy, en relación con el panorama prometido con la implementación del sistema penal acusatorio en nuestro país.

Innumerables y de diversos órdenes, son los problemas que generan el colapso de nuestro sistema de enjuiciamiento penal que se quedan por fuera de este análisis y que habrán de ser tratados en otras oportunidades, como el desmesurado número de asuntos que tienen  que asumir Jueces, Fiscales, Defensores e Investigadores, la falta de oportunidades de capacitación, el sinnúmero de controles múltiples en los actos de investigación, el exceso de decisiones que son objeto de recurso de apelación, la falta de salas de audiencia y medios tecnológicos, la maximización del derecho penal como mecanismo de control social, creando así nuevas figuras punibles y aumentando las penas de los ya existentes, entre otros.

Todo ello ha conllevado a un desmedido aumento en el número de procesos sin que, se reitera, se ofrezca un serio rediseño en la estructura del aparato de justicia, que con los mismos recursos humanos, tecnológicos y administrativos, y destinatario de las críticas estatales y mediáticas, tiene que afrontar un panorama cada día más avasallador y lejano de la quimera propuesta.

El remedio no está a la vista, si de un lado, por los órganos ejecutivos y legislativos del poder público no se tienen en cuenta más que los criterios que generan legitimidad (aparente) y votos, amparados en cumplir su producción legislativa engañando a la ciudadanía que desinformada acude a su apoyo en encuestas y urnas, y de otro por los entes de administración judicial se sigue etiquetando a los servidores judiciales y no se les presta más que, en el mejor de los casos, un oído sordo, cuando de ventilar estas problemáticas y proponer salidas se trata.

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