EDITORIAL
PRESUPUESTO INSUFICIENTE
Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la asignación presupuestal proyectada para la Rama Judicial en la vigencia 2027 y hacemos un llamado firme al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que la financiación de la administración de justicia sea revisada de manera responsable y acorde con las necesidades reales del país.
De acuerdo con la información presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial solicitó para 2027 un presupuesto de aproximadamente $17,5 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla alrededor de $11,4 billones, generando una brecha cercana a $6,1 billones.
La situación resulta particularmente preocupante en los recursos destinados al funcionamiento: frente a una necesidad estimada de $14,6 billones, se proyectan aproximadamente $9,9 billones. No estamos hablando simplemente de cifras, estamos hablando de juzgados, tribunales, servidores judiciales, infraestructura, tecnología, descongestión, seguridad, atención al ciudadano y capacidad institucional para responder oportunamente a quienes acuden a la justicia buscando la protección de sus derechos.
Cada proceso que llega a un despacho judicial representa una persona, una familia, una empresa, una víctima, un trabajador, un niño, una mujer, un adulto mayor o una comunidad que espera una respuesta del Estado. Por ello, cualquier decisión presupuestal que reduzca la capacidad operativa de la Rama Judicial debe analizarse no solamente desde la perspectiva fiscal, sino también desde sus efectos sobre el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
La propia Judicatura ha advertido que la insuficiencia de recursos puede comprometer el sostenimiento de la planta de personal, la adquisición de bienes y servicios, el pago de sentencias y las medidas de descongestión, precisamente cuando la demanda de justicia ha registrado un crecimiento significativo.
Desde ASOJUDICIALES reconocemos que Colombia atraviesa restricciones fiscales y que todas las instituciones públicas deben actuar con responsabilidad, eficiencia y austeridad. Pero la austeridad no puede convertirse en insuficiencia estructural. Las Juezas y Jueces de la República de Colombia ya realizan diariamente enormes esfuerzos para atender una creciente carga laboral, muchas veces en condiciones de infraestructura, tecnología y recurso humano que requieren fortalecimiento. La respuesta a una mayor demanda de justicia no puede ser reducir la capacidad instalada para atenderla. La autonomía presupuestal también es autonomía judicial.
La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, modificada por la Ley 2430 de 2024, incorporó reglas relacionadas con la participación presupuestal de la Rama Judicial y su progresividad. El Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que el artículo 192C establece una participación del 3% del Presupuesto General de la Nación y que su implementación debe avanzar de manera gradual, conforme a lo señalado por la jurisprudencia constitucional.
Para ASOJUDICIALES, este debate debe darse con rigor jurídico, técnico y presupuestal, pero también desde una premisa fundamental:
La independencia judicial requiere condiciones materiales para poder ejercerse. Una Rama Judicial sin recursos suficientes puede conservar formalmente su autonomía, pero ver limitada materialmente su capacidad para cumplir la misión constitucional que le ha sido confiada.
En consecuencia, ASOJUDICIALES solicita:
- Al Gobierno Nacional, revisar la asignación presupuestal proyectada para la Rama Judicial para la vigencia 2027, teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento y las obligaciones legales y constitucionales existentes.
- Al Congreso de la República, ejercer su función constitucional dentro del trámite presupuestal y analizar de manera detallada la brecha advertida por el Consejo Superior de la Judicatura.
- Garantizar los recursos necesarios para preservar la operación efectiva de los despachos judiciales, la planta de personal, las medidas de descongestión, la infraestructura, la tecnología y los demás componentes indispensables para la prestación del servicio de justicia.
- Garantizar la financiación de las nuevas obligaciones legales y de las reformas que recaen sobre la Rama Judicial, evitando que se creen responsabilidades institucionales sin la correspondiente apropiación presupuestal.
- Promover una mesa técnica y pública de diálogo entre las autoridades responsables de la política fiscal y las autoridades de la Rama Judicial, con información clara sobre las necesidades, compromisos y fuentes de financiación.
La justicia no es un gasto: es una garantía. ASOJUDICIALES considera que la discusión presupuestal debe trascender las cifras y poner en el centro a quienes hacen posible diariamente la administración de justicia: las servidoras y los servidores judiciales y, especialmente, la ciudadanía que espera respuestas oportunas del Estado.
Una justicia congestionada, sin suficientes servidores, sin infraestructura adecuada y sin recursos para funcionar no afecta solamente a quienes trabajan en ella. Afecta a toda la sociedad.
Por eso, hacemos un llamado a que el debate sobre el presupuesto de la Rama Judicial se adelante con responsabilidad institucional, transparencia y visión de Estado. Porque cuando un ciudadano toca la puerta de un juzgado, no está solicitando un privilegio. Está ejerciendo un derecho. Y garantizar ese derecho exige una Rama Judicial con independencia, talento humano y recursos suficientes para cumplir su misión constitucional.
JUNTA DIRECTIVA
Asociación de Juezas y Jueces
de Colombia – ASOJUDICIALES
28 de septiembre 2026