No es la primera vez que una rama del poder público intenta subsumir a la administración de justicia. Históricamente, todos los Estados han pasado por oscuros periodos en donde ejecutivo y legislativo han utilizado a la judicatura para montar políticas antidemocráticas, vulnerar garantías fundamentales y/o montar regímenes absolutistas. La razón es simple: nada legitima tanto en el mundo jurídico efectos erga omnes como una decisión judicial. De tal suerte que si congreso o gobierno pueden influir en ello, garantiza no solo respaldo incondicional, sino impunidad total. Ahora, no hay mejor manera en materializar esa nefasta intervención que en la elección y nombramiento de jueces y magistrados, puesto que gobierno garantizará la presencia de funcionarios afines a sus ideas con vocación política, en detrimento del concepto de justicia.

La historia ha demostrado que cuando una de las esferas del poder empieza a interferir en la administración de justicia, nunca la primera reforma es suficiente. Para citar un ejemplo cercano, fueron más de 20 años los que les tomó al absolutismo venezolano “secuestrar” la independencia de la administración de justicia, no bastó una nueva Constitución y 4 reformas hasta tanto no quedó nombrado el hermano del presidente como director ejecutivo, hecho que se mantiene actualmente. Entre tanto, algunos valientes jueces y fiscales soportan persecución y cárcel por intentar ejercer sus carreras con independencia y equilibrio, asunto del que nos ocuparemos en otro escrito.

Ahora bien, como nota curiosa, cuando estos periodos oscuros han llegado a cada Estado, son los propios jueces los que han elevado su voz de protesta y de advertencia a la sociedad civil, sobre las terribles consecuencias de politizar a la administración de justicia. Recuerdo los horrores de la Alemania nazi y las consecuencias que tuvo que pagar la humanidad por ello. Pero recuerdo también que ese régimen fue por completo legítimo a la luz del derecho germano de la época porque el ejecutivo había dominado por completo a la administración de justicia. Por eso los líderes del régimen nunca comprendieron porque los juzgaron si no habían hecho nada ilegal. Por eso quienes juzgaron fueron jueces internacionales. Pero ello no surgió con Hitler, sino que varios años antes se empezó a gestar la pérdida de independencia del servidor judicial, y aún así, desde esa época, jueces elevaron su voz advirtiendo las consecuencias del monstruo que se estaba gestando.

En 1844, Heinrich Simon, Juez de la Corte Municipal en Breslau, ante los cambios que el ejecutivo quiso implementar, manifestó: “El poder judicial prusiano, hasta ahora tan exaltado, caerá… y las ruinas de esa institución se derrumbarán sobre el trono prusiano y sobre las libertades civiles del pueblo prusiano[1]”. Me pregunto: ¿qué motivó a un juez municipal a advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma a la justicia? Quizás fuera un hombre cercano a la pensión, con familia, hijos, obligaciones. ¿Por qué lo hizo? Lo cierto es que un año después renunció a su cargo, fue condenado a prisión perpetua y murió en el exilio. ¿Valió la pena el sacrificio? Pues después de su muerte el periódico Nationalzeintung escribió: “El pueblo alemán ha perdido uno de sus más grandes ciudadanos… Las vidas de hombres como Heinrich Simon apuntan hacia la llegada de un futuro mejor”. Desde la caída del régimen nazi, la figura de éste juez ha marcado la independencia del sistema judicial alemán hasta nuestros días.

Entonces surgen preguntas: ¿Qué pasa cuando la justicia pierde independencia y se vuelve política? ¿Qué hacer cuando la justicia intenta ser cautivada por el poder ejecutivo o legislativo? Creo yo que guardar silencio por parte de los jueces nos convierte en cómplices de la pérdida de libertades civiles a futuro. Quizás haya temor por la estabilidad económica, por la seguridad y bienestar personal y de las familias, pero quedarse resguardados detrás de un mullido sillón de escritorio nos volverá partícipes de un estado de cosas que afectará gravemente la democracia de nuestro país.

Este escrito no es un llamado a la revolución o la rebeldía, es más bien una invitación a no callar ante lo que sucede con la reforma a la administración de justicia; que al menos quede la constancia histórica que los jueces en su momento alertamos a la sociedad civil de las consecuencias de politizar la judicatura como lo pretende el ejecutivo, que al menos se diga de los togados que son el vivo ejemplo de que se puede esperar un futuro mejor ya que el presente no es bueno; el silencio nos paraliza, el actuar nos libera, Colombia merece jueces independientes que procuren garantizar la permanencia de un Estado Social de Derecho; puede que el ejecutivo y el legislativo tengan intereses políticos con la reforma, pero los jueces tienen un interés si se quiere superior, salvaguardar la permanencia de la república como democracia.

Alejandro Mora Barrera

Juez Promiscuo Municipal de Une-Cundinamarca.

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2015.

[1][1] Los juristas del horror, Ingo Müller.