Mientras los mas altos dignatarios que ejercen las tradicionales funciones del poder público, se han dedicado al álgido debate quién investiga a quién y cómo lo eligen, otras son las preocupaciones  de la justicia por cuya solución claman ciudadanos, funcionarios y empleados judiciales, estos últimos, quienes cumplen su labor sumidos en la congestión sumados a los deficientes recursos, particularmente los tecnológicos que corresponden a los del siglo pasado, pero pese a todo ello la demanda de justicia incrementa cada día, en un país marcado por la alta litigiosidad.

Una solución a la anterior situación sería tan sencilla como por ejemplo contar con un adecuado inventario de procesos, una proyección del nivel de litigiosidad,  que en el plano tecnológico los despachos judiciales se encuentren en la era actual, y finalmente un número de jueces que corresponda con la demanda de justicia, sin embargo ésta sencilla respuesta siempre encuentra el contra argumento, falta de recursos.

Lo anterior implicaría que las soluciones que se tramitan hoy ante el Congreso de la República, respecto de la Rama Judicial, deberían ser la fórmula jurídica mágica que saque del atraso a la justicia sin necesidad de mayores recursos, sin embargo, de la simple lectura  de las soluciones que hasta ahora propone el ejecutivo y legislativo, surgen dos preguntas (i) cuánto le cuesta al Estado la reforma, (ii) cómo afectara al presupuesto de la Rama judicial, (iii) no sería más conveniente mejorar lo existente restando funciones eminentemente políticas y la forma de llegar a los cargos, que crear nuevas entidades y organismos y cargos; para que esos recursos de la justicia se inviertan en lo que verdaderamente se necesita, más jueces y una mejor infraestructura tecnológica?

En efecto, un grupo de nuevas estancias, entidades y cargos surgen del texto de la reforma constitucional y claro igualmente gran número de empleos se suprimen, lo que implicarán en algunos casos altas indemnizaciones e incluso generará más demandas, estas son: (i) Dirección Ejecutiva de Administración Pública, (ii) Consejo Nacional de Disciplina Judicial, (iii) Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; los que reemplazan al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa y Disciplinaria y a la Dirección Ejecutiva.

No se desconoce la importancia de contar con más herramientas que garanticen una justicia imparcial, pero gran parte de la reforma evidencia, desde el plano de la simple lógica, un alto costo para el Estado; recursos que en más de una ocasión el mismo Ejecutivo ha negado o limitado para brindar una pronta y cumplida justicia, sea el caso de los recursos para descongestión que llegan para dos meses, o un mes; no nos debemos llenar de negativismo, pero si de hacer memoria se trata cada reforma al  sector Justicia, como son los nuevos Códigos (procedimiento penal, Procedimiento Civil, Contencioso Administrativo), se han acompañado de limitados recursos.

Un juicio de racionalidad, es el que debe preceder, antes de hacer estas modificaciones normativas, es importante tener un presupuesto de cuánto le cuesta al Estado la novedosa propuesta, de dónde va a salir el presupuesto, y qué programas serán afectados (esperamos no sea descongestión, tecnología y derechos laborales). Debe preguntársele al promotor de la propuesta, Ejecutivo, dónde está el respaldo presupuestal de su fórmula, de lo contrario será una solución aparente y formal, con el único fin de tranquilizar al electorado.