¿Qué justifica la existencia de los jueces?, ¿Qué los legitima?; la respuesta hoy en Colombia, parece  radicarse en la frágil y fácil respuesta del dato estadístico, la que hoy en día, no solo constituye la medida del juez ideal, esto es, base de su calificación, sino también nutre la idea de un escarnio público, a la manera de la lista de deudores morosos de una unidad residencial.

Mientras la academia referencia que: “la figura del juez ideal ha trazado un arco que va desde el juez boca de la ley, al juez teleólogo, para concluir con el juez con responsabilidad social”[1], en Colombia agregamos un nuevo nivel, el Juez que responde satisfactoriamente a la estadística. Ese tipo de datos y herramientas, si bien son útiles al interior de una organización estatal, lo que preocupa en el caso es que se vuelve el centro de solución a todo, y el único parámetro de eficacia de la justicia, o, ¿cuál otro existe?.

Debe reconocerse que la legitimación de la función judicial no es tarea fácil, en efecto mientras el ejecutivo y legislativo son reflejo de la opinión mayoritaria de la población; esto es, deben su legitimidad al voto, la función judicial carece de legitimación popular directa[2], pero esa dificultad no se supera a través de la fácil respuesta del dato estadístico; independientemente de qué entiende la Administración judicial como “mayor rendimiento”, como se obtienen esos datos, cuál es la realidad de cuantos procesos cursan hoy en la Rama Judicial, cómo se realizan las medidas, se pretende llamar la atención en el hecho de enfocarse en la estadística como respuesta a la legitimación de la función judicial.

Explico mi argumento, se confunde las consecuencias de la crisis de la justicia con sus verdaderas causas, por lo que como solución se procede a atacar las secuelas o efectos pretendiendo con ello acabar las causas (como quien tiene un virus y solo controlar la fiebre); las secuelas o consecuencias de la crisis son la insatisfacción ciudadana y la congestión[3], se pretende legitimar el poder judicial con datos estadísticos para acabar una de las secuelas, la congestión; sin que la causa de la crisis sea el represamiento de los procesos, el represamiento de los procesos es una secuela de la crisis y no tiene por causa la labor judicial en sí, sino múltiples y diversos factores, por lo tanto presionar a los jueces para que cumplan una estadística no solo no soluciona la crisis de la Justicia, sino que la dramatiza.

Y no se trata de la queja de una operadora judicial, sino de un mal análisis de la crisis que evidencia un sector de la doctrina al que hemos venido haciendo referencia, esto es, en lugar de estar apagando incendios, debemos dirigirnos a la causa de los incendios, que para el poder judicial en gran parte de Latinoamérica radica en la independencia económica, la institucional sistema de ingreso, permanencia y administración, y, la científica, que hace referencia tanto capacitación como herramientas científicas que apoyan al juez para la resolución de los conflictos a su cargo; estos tres factores deben ser estructurados bajo un solo objetivo: Independencia Judicial[4], para poder superar la crisis.

Quienes administran el poder judicial, si bien encuentran limitaciones, pueden ahondar en el factor científico e institucional, que bien lograría la tan anhelada legitimación judicial, y la independencia económica e independencia judicial, debe ser el punto de unión de empleados, funcionarios y la administración judicial para que sea el objetivo que reclamemos y alcancemos en el marco jurídico constitucional.

[1] [1] En www.pjbc.gob.mx/instituto/ÉTICA%20JUDICIAL%202012/ÉJ5.ppt. Cita a Aída Kemelmajer de Carlucci en Ética de los jueces. Análisis pragmático, pp. 24

[2] KAMADA LUIS ERNESTO, ELOGIO DE LA INDEPENDENCIA (LA METAGARANTIA DE LA JUSTICIA DEL SIGLO XXI) http://www.justiciajujuy.gov.ar/justiciajujuy/images/Prensa/PDFs/Doctrina%20Local/LA_JUSTICIA_DEL_SIGLO_XXI_-_Luis_E_Kamada.pdf

[3] Ibídem.

[4] Ibídem.