LA REFORMA A LA JUSTICIA

 In CONTRASTES PENALES

Se escuchan clamores de reforma. Pero no de cualquier reforma, es la reforma a la justicia.

Tuvimos hace poco más de dos años una  malísima experiencia, en donde la mentada “reforma a la justicia” de entonces, se volvió fue una reforma a la injusticia, por culpa de los intereses egoístas de unos cuantos, que solo velaban por conseguir impunidad y menoscabar la independencia y autonomía judicial.

Hoy estamos ante otra reforma, que al parecer ha sido fruto de alguna clase de consenso, y decimos que de alguna clase de consenso, porque los administradores de justicia de las bases no hemos sido consultados.  Se ha hecho una vez más, una reforma para el pueblo, pero sin contar con el pueblo.

Por eso me uno, una vez más a aquellos que dicen que la reforma debe ser más que quitarle las funciones electorales a las altas Cortes, cuestión con la que estamos absolutamente de acuerdo, pero debe ser una reforma que la sienta el ciudadano de a pie.

¿Qué sucede con el ciudadano de a pie? Pues que no siente que la justicia, sea algo fácil de acceder.  Es absolutamente difícil, casi imposible el poner una denuncia, y que esta sea objeto de valoración rápida.  Si es un hurto, y este está en averiguación lo más factible es que su caso sea archivado, sin siquiera llamar al afectado a una ampliación de denuncia.  Los funcionarios viven angustiados por lograr unas estadísticas y no por administrar justicia con calidad.  Prima LA CANTIDAD pero no la cantidad de casos resueltos, sino el volumen  de casos archivados.

De otro lado, creemos que ha hecho crisis la cuestión del equilibrio de poderes, al momento de redactar esta nota, ya hay una propuesta en el senado de que el nombramiento del Procurador sea por concurso de méritos, pues en la reforma primigenia, estaba contemplado que se hacía de terna presentada por el Presidente de la República y lo eligiera  el congreso de la Republica. Pues bien, me uno a las voces que este nombramiento debe ser por concurso de méritos, o más por un concurso de méritos pero mezclado con un concurso de oposiciones.  Esto es no basta con pasar un examen de conocimientos,  debe ser revisada su hoja de vida, en su integridad y ver que esta no tenga tacha alguna.  Esto debe ser en una audiencia pública, televisada y que la persona que impugne una candidatura a un puesto como este, lleve sus pruebas para que ahí mismo el que concursa por esa altísima dignidad, pueda ejercer su derecho de contradicción.  

 Porque el mensaje no debe ser el conocimiento, por el conocimiento, el mensaje debe ser conocimiento con ética y una vida de servicio hacia los demás.  Sería bueno, que de una vez en la reforma, nos dijeran como va a realizarse ese concurso de méritos.

Pero no puedo dejar pasar una situación absolutamente preocupante, y es un error que esta desde que se creó el sistema penal acusatorio y el correspondiente acto legislativo, que lo consagró, y es lo referente a que a los jueces los investiga la Fiscalía General de la Nación.

Entidad a la que respeto, pero no se ve bien, y en cambio sí causa resquemor que un sujeto procesal, que está sentado como parte en los procesos penales, sea a la vez investigador y acusador del juez que está tomando la decisión.  Esto va en contra de la autonomía e independencia judicial.   Si la FISCALIA no está de acuerdo con el criterio del juez, este es investigado.  ¿Esto es igualdad de armas? Principio que como todos sabemos es uno de los que rige el sistema penal acusatorio.  Dependemos los jueces del juicio de los fiscales, pero, es que esto no debería ser así.  A los jueces, los debe investigar un organismo independiente del Fiscal general de la Nación, porque repetimos no hay igualdad de armas, para el procesado.  El juez tiene en cada audiencia una espada de Damocles y sabe del riesgo, de ser incomprendido por el ente acusador y pasar de ser juez a reo.  Igualmente, si observamos la situación del reo, del acusado, del imputado, ¿cómo éste se puede sentir,  frente a una fiscalía que lo acusa a él y que puede acusar a su juez, si no le hace caso al ente acusador?

 No debe entenderse, que a los jueces no se les debe investigar, no, el mensaje es que lo haga un ente independiente de la parte que se sienta en las audiencias ante el operador judicial, con una pretensión. 

En España, por ejemplo, tenemos que de acuerdo a su ley de enjuiciamiento criminal, en su art. 73, la investigación la efectúan los magistrados de los Tribunales Superiores, en concreto se designa un magistrado investigador y los otros magistrados serán los juzgadores.  Véase no es el Ministerio Fiscal, que es lo equivalente a la Fiscalía, es el Tribunal Superior respectivo.  

La propuesta seria que ya que se ha hablado de crear Tribunales para Aforados, pues puede ser que en los mismos tribunales  superiores de nuestro país se creara una sala de investigación para los jueces y los fiscales. Siendo así, como se garantizaría, de una parte la independencia judicial, pues nuestros magistrados de Tribunal, son elegidos en virtud del concurso de méritos  y son de la rama judicial y de otro lado, este sería imparcial frente a las actuaciones de la fiscalía, las cuales revisaría y si observa fundamento para investigar a un funcionario lo hiciese, en forma independiente.  Así entonces, esta sala de una parte vería si estamos ante un problema de interpretación, o ya ante una conducta delictiva.

 No entendemos como algo tan visible y que ha llamado tanto la atención, no haya sido objeto de estudio en la reforma.  ¿Sera porque las bases no fuimos consultadas?

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