En los últimos meses hemos estado inmersos en una situación que finalmente lograron las otras ramas del poder público, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la imposición de un modelo autóctono y por ahora sospechoso de administración judicial.

Existieron manifestaciones públicas y enérgicas de muchos jueces y magistrados en contra de tal acción, tal vez, puedo afirmar de las más visibles en los últimos años, que nos llenan de esperanza y vigor de que existen personas que están dispuestas a luchar por el mejoramiento de la Rama Judicial.

Sin embargo, con sorpresa me he encontrado que aún persisten las condiciones de afrenta salarial y prestacional a los jueces de la República, pero esa situación es tratada con apatía y desidia, y ahora último con una gran desfachatez por parte del Ejecutivo como de la propia administración judicial y los sindicatos mayoritarios de la propia Rama judicial.

Puedo recordar por los menos en los últimos 10 años que los jueces han solicitado y buscado una nivelación salarial acorde con sus responsabilidades, y que con ocasión a las luchas laborales han logrado en igualdad de condiciones con los demás empleados judiciales mejorar su condición salarial, y que existió un apoyo social y de opinión ante unas reclamaciones justas y de necesaria atención.

El tratamiento displicente por lo menos dado por el poder ejecutivo en el régimen salarial para los jueces, llego a su fin o eso yo creía, con la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado en acción de simple nulidad y radicado 2007-00087-00, dado que es un pronunciamiento de la máxima autoridad de lo contencioso administrativo y genera efectos erga omnes, que extinguió con el injusto de la reducción de nuestro salario para la liquidación de las prestaciones salariales y sociales, y además determinó que aún se nos adeuda la prima ordenada en el artículo 14 de la ley 4 de 1992.

Pero no puedo nombrar o encontrar un adjetivo para la maniobra usada por el Ejecutivo y además la complicidad de la administración judicial en este tema con la expedición del decreto 1257 de 2015, pues como todos sabemos en forma anual se expiden los decretos salariales del sector público como un obligada acción de repetición del anterior con el ajuste respectivo salarial, pero este año emite este decreto, que además fue el último, dictado en junio, mientras que los demás en mayo, y simplemente dice increméntese en el 4,66 la remuneración mensual y asignaciones del decreto de 2014, es decir, guardo silencio frente a un reconocimiento que ya tiene una decisión judicial.

Pero fue la excusa perfecta para que la administración judicial realiza operaciones administrativas para desconocer la sentencia, pues a todos los jueces se nos liquidó la prima de servicios y la bonificación de servicios, aplicando la reducción de nuestra asignación salarial para su computo a solo el 70%, es decir, obrando con pleno conocimiento y dolo, de dar efectos a una norma que reproduce otra que ya fue extirpada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional.

Y lo asombroso es que lo hacen con total naturalidad y sin asomo alguno de vergüenza, será que están enseñados a arrasar los derechos laborales, que tal monstruosidad para ellos es solo una más, pero lo más extraño es que los demás empleados judiciales son apáticos y nosotros mismos los jueces somos pasivos, lo cual me lleva a un razonamiento fatídico, si esto lo hacen con los jueces, quienes tienen que conocer y hacer cumplir las leyes, que es una acción obligatoria porque ya no se trata de interpretar, sino de cumplir una sentencia, que podemos esperar para nuestro futuro.

Yo siempre he observado la tarea de administrar justicia como una gran valor y activo del estado Colombiano, en el entendido que verdaderamente existe una rama del poder público que soporta y mantiene la constitucionalidad y legalidad de las relaciones jurídicas continuas y permanentes que se dan en el conglomerado social, que solo basta ver la gran acogida y favorabilidad que tiene la acción de tutela, que no depende de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, sino de todos, todos los jueces y magistrados de la República que han sabido entender y aplicar la Constitución de 1991, los índices de gestión y reducción de tiempos de los procesos judiciales a pesar de que el Estado no ha invertido ningún esfuerzo en incrementar la oferta del servicio con la creación de jueces o despachos.

Pero cada día veo que mi visión no es compartida por el ejecutivo y mucho menos por el legislativo, que por el contrario solo recriminan, endilgan, reprochan y denigran de los servidores y funcionarios judiciales, no terminó de asombrarme que cada semana resulta un reproche en medios de opinión que más que tener sentido, parecen es buscar minar la credibilidad de los jueces; como así que porque se vencieron los tiempos para que la fiscalía llame a juicio al parecer a reconocidos procesados o que se cumplan los requisitos de libertad, (caso interbolsa, carrusel de contratos, etc .), la culpa es del juez o jueza, y además se vea hostigado y agredido, y no pase nada, que haya una ley y sentencia de reconocimiento laboral y simplemente no la cumplan y no pasa nada.

Si juntamos estos eventos, con la reforma constitucional a la justicia, la obligatoria expedición de una nueva ley estatutaria, sin lugar a dudas, puede estarse fraguando una desarticulación y destrucción de la Rama Judicial, pues con los jueces todos se pueden meter y no pasa nada.