Colombia es un país de contrastes y contradicciones. En nuestro  territorio habita la legalidad con la ilegalidad, la corrupción y el clientelismo con las instituciones.  Siempre hay una encrucijada moral entre la realidad y los discursos.  Las Juezas y los Jueces de Colombia no somos ajenos a esta situación cultural e histórica. Los resultado de las encuentras desde el año 2005 y, especialmente, entre 2014 y el 2016, es una clara muestra de este designio. En diciembre de 2014 la opinión desfavorable de la rama judicial llegó al 83%, desde que se empezó a medir desde el año 2005[1]. En este año, en la encuentra “Colombia Opina” realizad por los medios de comunicación el 80% no confía en la justicia colombiana[2]. En contraste con lo anterior se desde 1991 se presentaron 7.041.266 tutelas y se han adoptado sentencia en 6.906.541[3].

¿Cómo pensarnos desde el interior de la Rama Judicial? Simplemente no siendo ajenos sino críticos y conscientes de que el país hoy reclama de sus Juezas y Jueces una actitud diferente.  Para ASOJUDICIALES, comprometidos como hemos estado desde nuestra creación, con la defensa de la independencia judicial como derecho fundamental, no puede pasar por alto esta realidad que nos llama a pensar de manera crítica el papel que debemos cumplir en este momento histórico donde estamos ad portas del postconflicto y donde cualquier reforma a la Rama Judicial sólo procede siempre que sea CONCERTADA, como lo establece la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible parcialmente el acto legislativo 02 de 2016, equilibrio de poderes.

Los ciudadanos creen en sus Jueces y su Constitución, por eso acuden de manera permanente a la acción de tutela. Siete millones de colombianos han utilizado este remedio constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y en esa misma proporción las Juezas y Jueces de Colombia han decidido sobre dichos reclamos. Esto sin tener en cuenta que cada año se reciben en el sistema judicial casi 2800000 demandas, aproximadamente,  en las demás jurisdicciones. ¿Entonces por qué la Rama Judicial desde el 2014 tiene tan mala imagen? Esta pregunta para nada es fácil de responder y habría que saberla contextualizar pues dependiendo de los criterios o valores donde nos movamos, habrán de ser sus respuestas. Aportarle a un análisis mucho más estructural e histórico, diríamos que son muchos los factores que han contribuido a esta situación tan contradictoria.

De acuerdo con el informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la República[4], durante el año 2015 se registró un ingreso efectivo de 2.836.861 procesos, 35% más de la cantidad de ingresos registrados en 2008; e igualmente la cantidad de egresos para el 2015 fue de 2.358.064, un 47,6% más de la cifra de egresos registrada en 2008. Esta comparación diacrónica entre ingresos y egresos, permite evidenciar que ha habido un incremento en la capacidad de respuesta en los últimos 7 años, por encima de la cantidad de  egresos, un resultado de buena ponderación para los operadores judiciales.

A pesar de ello la mala imagen que se ha fraguado la Rama Judicial en los últimos tiempos no concuerda con lo que indican las cifras ya mencionadas, por el contrario, esta mala imagen es responsabilidad de aquellos hechos notables que contribuyen a la formación de esa opinión pública. Como  es el caso del escándalo del Magistrado Pretelt en la Corte Constitucional, los choques entre las altas Cortes para definir la competencia frente a temas álgidos, la interinidad de la Rama por cuenta de la polarización de las Altas Cortes para nombrar sus nuevos miembros, o las arbitrarias decisiones que el ente administrador de la Rama ha tomado, por encima de los intereses de los trabajadores y funcionarios judiciales.

Esa autarquía de las altas cortes promovida por el actual diseño institucional de Rama Judicial, ha llevado al comportamiento caprichoso de sus integrantes y al desconocimiento sistemático de estos sobre la realidad de la Rama. Así, en el comportamiento sistémico de la Rama chocan dos realidades, en primer lugar se trata de la visión feudal que tienen las altas cortes respecto de la Rama Judicial, donde un derecho estamental rigiese el comportamiento de  funcionarios y trabajadores judiciales, obligados por subordinación a cumplir los designios de las Altas Cortes. En segundo lugar se trata de la realidad material que se impone ante los usuarios de la justicia, para quienes es evidente la falta de inversión en procesos de mejoramiento en la prestación del servicio de justicia.

En tal sentido, es necesaria una fuerte movilización al interior de la Rama que promueva un nuevo modelo de gestión de la justicia, con una mayor participación tanto para la comunidad judicial, como para la ciudadanía, que garantice la independencia y autonomía judicial, desde el punto de vista presupuestal, jurídico y de gestión. Los varios intentos fracasados por reformar la Justicia demuestran dos cosas: 1. Que hay insuficiencias en el actual modelo para impartir justicia eficientemente, lo cual justifica una Reforma CONCERTADA y 2. El enquistamiento de un sector social en las Altas Cortes que se opone al proceso de modernización y apertura democrática de la Rama Judicial.

CIUDADANOS CREEN EN LOS JUECES PERO LA RAMA JUDICIAL TIENE MALA IMAGEN[1] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/encuesta-bimestral-de-gallup/14996020

[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-opina-la-imagen-de-santos-cae-en-las-encuestas/464851

[3] http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Constitucional-y-Derechos-Humanos/la-accion-de-tutela-un-logro-de-la-constitucion-de-1991

[4]https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/8872932/Informe+al+Congreso+Rama+Judicial+Parte+III.pdf/2d771d7a-7944-4a25-b99d-8ec93fc6a588