Uno de los fundamentos para promover una reforma a la justicia en el proyecto de equilibrio de poderes se sustenta en encuestas, que como la de Gallup Poll en septiembre de 2014, señalaron que la ciudadanía tenía una opinión desfavorable de la justicia colombiana del 79 % (http://lasillavacia.com/archivos/historias/encuestas/gallup.pdf). A las estadísticas se añaden las opiniones de académicos, juristas, políticos, periodistas y servidores judiciales que a una sola voz proclaman que la justicia del país está contaminada por la corrupción, la parcialidad, la ineficiencia y la poca transparencia de sus actuaciones institucionales. Aspectos que no dejan de tener cierto grado de verdad tal y como lo he expuesto puntualmente en este Blog.

Sin embargo, al contrastar las razones anteriores y ver el creciente número de nuevos expedientes que día a día ingresan a mi despacho judicial, así como los que atiborran a todos los despachos de mis colegas, me surge la inquietud planteada en el título y creo conveniente reflexionar sobre los motivos por los cuáles en una administración de justicia, que se dice tan desprestigiada, triplicó su demanda en los últimos 20 años, tal y como lo informa la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (http://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1468182/ACCIONES+PARA+FORTALECER+EL+ACCESO+A+LA+JUSTICIA%281%29.pdf/1f4870d1-a930-4df7-ac92-0b4b68311293). Sobre este aspecto no he encontrado documento alguno en el cual los estudiosos de la administración de justicia hubieren investigado esta paradoja.

En mí criterio el análisis de los motivos que justifican dicha paradoja podrían analizarse desde dos perspectivas: i) asumir que es absolutamente cierto que la ciudadanía acude a la administración de justicia a sabiendas de su estado de corrupción y baja credibilidad; o ii) asumir que las afirmaciones sobre el nivel de descredito y corrupción de la administración de justicia no es totalmente cierto. Hagamos entonces un breve ejercicio:

 i) La ciudadanía acude a la administración de justicia a sabiendas de sus altos niveles de corrupción y baja credibilidad. En este escenario surgirían explicaciones como las siguientes:

• Porque no existe otra manera de resolver conflictos. Esta explicación resulta poco convincente ante la existencia de una gran cantidad de métodos alternativos de solución de conflictos que existen desde 1991, como la conciliación en equidad, los jueces de paz, la amigable composición, el arbitramento, etc. Salvo algunas excepciones legales resulta posible acudir a estos medios, en lugar de a los jueces. Asunto distinto tiene que ver con el imaginario social que no reconoce en estos medios alternativos una forma de administración de justicia y por eso casi no los aplica o no considera que tengan la misma fuerza de autoridad que la decisión de un juez.
•  Porque la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Afirmación lapidaria que hiciera uno de los vinculados al denominado “carrusel de contratos” en Bogotá. De aceptarse esta explicación, no debería siquiera plantearse reforma alguna, porque la precaria imagen de la Rama Judicial no es más que el reflejo de una sociedad colombiana que asume que la corrupción, la ineficiencia y la parcialidad como algo de su esencia y no como una situación que le impida acudir a ella.
• Porque somos una sociedad conflictiva que necesita una justicia corrupta. Lo que menos interesa a quienes acceden a la administración de justicia es la solución justa de su conflicto. Importa únicamente su eficacia simbólica (García Villegas, 2014), para amenazar y martirizar a la contraparte. Epítetos tan conocidos como “lo voy a empapelar”, “le voy a montar su denuncia”, “nos vemos en los juzgados”, “voy a hacer que se pudra en la cárcel”, etc.; presentan a los estrados judiciales como un instrumento de venganza y en ese escenario la corrupción y el descrédito son elementos convenientes y necesarios para promover el temor kafkiano.

 ii) La ciudadanía acude a la administración de justicia porque el nivel de descredito y corrupción de la administración de justicia no es totalmente cierto. En este escenario algunas de las justificaciones podrían ser:

•  Se quiere desprestigiar al poder judicial para debilitarlo. El activismo de los jueces en la protección de los derechos fundamentales, los límites impuestos al exceso de poder del ejecutivo y las condenas penales a servidores de otras ramas del poder público, son vistas como un “desbordamiento” del poder judicial y por ello se necesita montar una campaña de desprestigio para justificar una reforma que lo debilite y subordine a otros poderes públicos.
•  Hay tres cosas que no se sabe cómo fueron hechas: los embutidos, las leyes y las encuestas. Afirmación que según leí alguna vez, se le atribuyó a Álvaro Gómez Hurtado. Una cosa es percibir y otra es conocer. Las encuestas y críticas a la justicia se basan en percepciones, es decir, son emocionales y subjetivas. Las promueven personas que no han pisado en su vida un estrado judicial. Quienes conocen la administración de justicia, quienes la sufren y se preocupan por ella, no figuran como consultados en las encuestas, ni su opinión es tenida en cuenta.
• A pesar de todos sus defectos, el ciudadano siente más cercana y confiable a la administración de justicia, para resolver sus conflictos. Las acciones constitucionales (tutela y populares especialmente) permitieron a los colombianos acudir ante los jueces sin intermediarios y acercar las altas cortes a sus necesidades inmediatas; la creación de los jueces administrativos desterró el mito de un Estado intocable que solo respondía cuando era demandado por costosos abogados de élite con un conocimiento altamente especializado; la tendencia oral de los juicios en todas las jurisdicciones acerca los jueces a los ciudadanos y da una correcta publicidad de las decisiones judiciales, que usualmente son desfiguradas, manipuladas y descontextualizadas por los medios de comunicación.

Resulta insuficiente el espacio para analizar sesudamente una u otra postura en este momento. Solamente declaro abierto el debate.