En una sociedad democrática, pluralista y mediática es importante cuidar la imagen de las instituciones.
El país entero está conmocionado con la situación de la rama judicial, pues no entiende como sus jueces van a entrar a vacancia judicial sin solución de continuidad del paro judicial. Y no es para menos, porque por una parte pareciera que nuestro estado de derecho puede sobrevivir sin jueces por un buen tiempo, así lo hizo en el 2012 y ahora llevamos 54 días sin justicia. Este fenómeno es bien interesante desde la perspectiva sociológica y política, porque si los tiempos en la justicia son tan largos, pues el paÃs se ha acostumbrado a que los tiempos del proceso pueden ir hasta una década, entonces, el tiempo del paro resulta insignificante. Lo cual no significa que desde la perspectiva del Estado democrático y constitucional esto sea cierto, porque una sociedad democrática no puede existir sin jueces. Tanto es cierto lo anterior que los jueces somos parte de la construcción de nuestra nacionalidad, la intervención de los jueces ha sido oportuna en asuntos trascendentales de nuestra historia. Que serÃa de este paÃs si la Corte no hubiera impedido la reelección presidencial indefinida o actuado contra la parapolítica?
Por otra parte, los medios de comunicación se están preguntando, como debe ser, por la justeza de los peticiones del paro y la han reducido a las de naturaleza salarial. El Tiempo (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/nivelacion-salarial-tema-que-mantiene-vivo-el-paro-judicial/14907685) y la Silla Vacía (http://lasillavacia.com/node/49173 ) han abordado la problemática cuestionando la justeza del paro a partir de los salarios de los jueces y el incremento frente a los demás empleados públicos. Ambos informes incurren en dos errores: primero, hacen comparaciones inadecuadas ya que los jueces tenemos una naturaleza jurídica y responsabilidades distintas (función jurisdiccional); y nuestro régimen salarial y prestacional es especial. No tienen en cuenta que la Ley 4 de 1992, busca establecer un sistema técnico, objetivo y justo en la remuneración de los empleados públicos del estado (Ver C-244/2013). Para la rama judicial se estableció el criterio de equidad para la determinación del salario y las prestaciones de los magistrados y jueces: el decreto 610 de 1998 dio contenido material al mismo, e instauró como núcleo esencial que los magistrados de tribunal tienen derecho al 80% por todo concepto de lo que reciba anualmente el magistrado de alta corte. Por lo tanto, para ASOJUDICIALES el problema para los jueces no puede ser salarial sino el respeto al derecho constitucional al trato igual porque la rama judicial está estructurada en tres niveles (Art. 116 CP y LEAJ) y el derecho de los magistrados tiene como fuente la misma norma (ley 4 del 92 art. 14) entonces los jueces tienen derecho al 80% de lo que recibe anualmente por todo concepto su superior funcional.
Segundo, corolario de lo anterior, si bien en términos nominales o formales los jueces y los empleados de la rama judicial en general han obtenido un incremento superior y ganan más que muchos empleados públicos, también lo es que muchos empleados ganan más sin tener las mismas responsabilidades ni jurisdicción, como lo afirma Víctor Lemus, pareciera entonces de mal gusto o hasta malintencionado que los periodistas no se hayan informado de manera suficiente y no hayan sido objetivos en sus análisis.
Sin embargo, el periódico La República (http://www.larepublica.co/el-d%C3%A9ficit-presupuestal-de-la-rama-judicial-asciende-22-billones-para-este-a%C3%B1o_195741) ha presentado un panorama distinto, pues informa que las necesidades presupuestales de la rama judicial para este año estaban en $5 billones de pesos, pero solo se le asigna un total de $2.8 billones, es decir, un déficit de $2.2 billones, y que desde el 2010 de viene agudizando esta problemática, porque desde entonces, a los recursos anuales siempre les ha faltado más de $1 billón.
Obsérvese que este paro, en las actuales circunstancias, sirve para todo tipo de interpretaciones, desde las más objetivas y justas, hasta las más desinformadas y malintencionadas. Pero lo que preocupa a ASOJUDICIALES es que se va imponiendo la idea que son los jueces son los responsables de esta situación. Y esto se fundamenta en que la ciudadanía cuando piensa en la administración de justicia y en sus derechos, tiene en su imaginario al juez al frente de cada despacho judicial, porque sabe que el juez es, al final de cuentas, un lugar especial y sagrado donde puede y debe acudir cuando ve afectados sus derechos.
Para nosotros la actual crisis de la rama judicial pasa primero por un problema de diseño institucional, ya que el actual modelo de administración de justicia termina creando incentivos perversos que exaltaron nuestra cultura política de clientela y corrupción; segundo, la dependencia política de la rama judicial frente al ejecutivo para la asignación del presupuesto anual termina creando relaciones perversas de negociación y dejando a la rama judicial dependiendo de aquel en detrimento de su imagen; tercero, el ejecutivo finalmente se convierte en un enemigo permanente de la rama judicial porque frente a la falta de recursos necesarios somos los jueces quienes terminamos congestionados, pues no tenemos una carga razonable, afectádose con ello el servicio de justicia pronto, cumplido y efectivo, y el ejecutivo termina absuelto de toda responsabilidad, porque aparece como si nada tuviera que ver con la situación; cuarto, el Consejo Superior de la Judicatura, como algunos Magistrados de las Altas Cortes, no han sido especialmente ejemplo de eficiencia, probidad y majestad sino objeto de todas las críticas de la opinión pública; quinto, el ciudadano y usuario final del servicio de justicia termina responsabilizando al juez, porque este es quien encarna cotidianamente la justicia, ya que es a quien se le dirigen las demandas y memoriales, es frente al juez donde se realizan las audiencias y finalmente es quien suscribe o dicta la sentencia.
ASOJUDICIALES, desde un principio, no participa de la convocatoria al paro. Ahora, en las actuales circunstancias, no puede ser ajeno al rumbo que está tomando el paro judicial, por esta razón hemos convocado a reunión de jueces en varias jurisdicciones y distritos para que asuman el liderazgo y propongan salidas dignas al mismo. Así mismo hemos convocado a las partes, Gobierno y Asonal I, por el bien del país y de la Rama Judicial.
Para nosotros son cuatro los temas y las mesas que deben hacerse dentro del marco del decreto 160 de 2014: La FiscalÃa, donde el problema no es de presupuesto (a); el INPEC, donde los 62 sindicatos deben ponerse de acuerdo en presentar una línea de acción (b); la planta definitiva de la rama judicial y la política de descongestión, donde se requiere hacer un debate público sobre esto último y realizar estudios técnicos y objetivos sobre lo primero, con el concurso de los jueces de todas las jurisdicciones (c); y, por último, el tema salarial y prestacional, donde se debata el punto de la bonificación como factor salarial (d). Estas mesas deben tener una agenda, un cronograma, permitir la participación de todos los sindicatos y plazos ciertos para presentar resultados, con el compromiso del gobierno de respetar los acuerdos y darle curso ante las autoridades a los desacuerdos.
Por lo tanto, para nosotros es importante que la imagen del juez no quede maltrecha y maltratada sino que en las actuales circunstancias, donde los árboles no están dejando ver el bosque, se ahonde en toda la profundidad de la crisis de la administración de justicia para poder diferenciar las causas estructurales, institucionales, culturales, políticas y personales. Porque el juez independiente es un patrimonio de la ciudadanía y sus derechos y no un privilegio de la persona del juez.
Nosotros consideramos que debe levantarse o suspenderse el paro, y buscar otras formas más creativas y efectivas para poner en evidencia esta crisis, donde la imagen de los jueces y de la Rama Judicial no termine afectando su propia legitimidad.