El portal “La Silla Vacía” publicó un breve análisis comparando los salarios que reciben diversos funcionarios y empleados del Estado http://lasillavacia.com/node/49173. Luego de revisar su contenido encuentro que el título podría ser válidamente completado en los siguientes términos: “los empleados judiciales no ganan peor que otros, pero lo jueces sí ganan peor que muchos empleados”. Y es que el estudio contiene en su clasificación una imprecisión de relevancia fundamental al momento de efectuar la comparación salarial, que consiste en afirmar que los empleados del Estado con los que se clasifica a los jueces y juezas tienen responsabilidades “similares”.

 

En primer lugar, resulta importante distinguir someramente entre los conceptos funcionario y empleado. En palabras de la Corte Constitucional (Sentencia C-147 de 1993), el funcionario judicial se encuentra encargado de administrar justicia mientras que el empleado no. De acuerdo con lo anterior, mal puede incluirse a los jueces en la categoría de empleados y decir que sus responsabilidades son similares. Ninguno de cargos de asesor en las entidades del Estado asumen la responsabilidad de administrar justicia, esto es, no deciden sobre la libertad de las personas, no reconocen y protegen derechos, no definen responsabilidades y lo que es más importante, no responden por sus actuaciones de la misma manera que le es atribuible a los jueces.

 

En segundo lugar, decir que un asesor, cuyo volumen de trabajo y responsabilidad no es ni remotamente cercano al del juez de más baja jerarquía, merece un salario igual o sustancialmente superior, demuestra que las escalas salariales en el Estado colombiano no se encuentran acordes con las cargas de trabajo y las responsabilidades de cada uno de los cargos. En este sentido, la nivelación salarial también tiene que ver con equilibrar la relación remuneración – responsabilidad, aspecto sobre el cual debiera ocuparse seriamente el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

 

Lo que sí queda claro del artículo son dos cosas:

1. i) Dentro de los funcionarios Estado con funciones de autoridad y responsabilidad similares, los jueces de circuito y municipales se encuentran dentro de los peor pagos; y

1. ii) Existen por lo menos siete niveles de empleados de entidades del Estado sin la carga de trabajo y la responsabilidad equivalente a la de un juez, que reciben al año remuneraciones sustancialmente superiores.

En otras palabras, el Estado no se está cumpliendo con uno de los principios fundantes del derecho laboral: “a trabajo igual salario igual”.