La voz propia de los jueces

Esta semana empieza con dos encrucijadas: la primera es el llamado a paro por uno de los Asonales mientras que el otro rechaza ese llamado y convoca a lo contrario. La segunda, es el llamado del Fiscal y de los Magistrados a la base de la Rama Judicial para que se movilice en su defensa mientras que el Ministro Reyes considera que la reforma es necesaria y la defiende. La pregunta es qué debemos hacer las Juezas y los Jueces de Colombia?

La decisión no es para nada fácil por lo que está en juego en cada situación. Existen causas y razones más que justificadas para protestar, pero el paro envuelve un drama insuperable. Esta convocatoria se hace en un momento político trascendental: la reforma a la Rama Judicial. En este escenario, el riesgo de aumentar el desprestigio, que hoy se encuentra en un 79% de opinión desfavorable según encuesta Gallup, aumentaría y podría dar más razones al gobierno para hacer lo que quiera con la Rama Judicial. Así mismo, nos restaría legitimidad para ser escuchados en el debate, máxime cuando el país tiene frescos los recientes paros. Pero no hacer nada también sugeriría que estamos de acuerdo con la masacre laboral de los casi nueve mil empleados en descongestión de la rama y que estaríamos en contra de los fines del paro.

La segunda situación no es menos dramática. La reforma constitucional de “equilibrio de poderes”, provocó una inusitada protesta por parte de los Magistrados, del Fiscal y del Procurador. El contralor Maya suponemos que nada dice porque está cooptado por la unidad nacional de Santos. No apoyar el llamado de manera decidida, como lo quiere el Fiscal, parecería que estamos de acuerdo con la reforma. Pero apoyarlos nos pone al lado del Fiscal y de las Altas Cortes. Es decir, es como si no estuviera pasando nada en la Rama Judicial, cosa que ni la opinión pública y mucho menos las jueces ni los jueces lo creemos.

Las anteriores encrucijadas ocurren por la sencilla razón que nosotros los jueces y las juezas no tenemos voz propia. A los debates y encuentros con las Cortes somos invitados como comité de aplausos. En el contexto social, político y jurídico el juez sólo aparece cuando lo inmiscuyen en uno de esos escándalos de los llamados carruseles o cuando toma una decisión en contra o a favor de un alto personaje. Por la Rama Judicial habla todo mundo:  el Ministro de Justicia, los Presidentes de las Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura a pesar que su presidente está en interinidad, las Corporaciones o Asociaciones civiles y sociales que no tienen ninguna responsabilidad institucional, en fin. Lo peor es que actualmente solamente estamos manifestándonos a través de paros, protestas o movilizaciones.

Las Juezas y los Jueces de Colombia sí tenemos una voz propia, no solamente la hacemos sentir en nuestras sentencias, sino que en situaciones como la actual, nos hemos pronunciado de manera crítica, clara y firme. Frente al tema de las reivindicaciones laborales sabemos los costos personales e institucionales que implica que se termine la descongestión. Sin embargo, no podemos mantener este estado de cosas de clientelización y poner en riesgo la carrera judicial que es un patrimonio y un elemento esencial de la independencia judicial. Así como tampoco permitir que se siga desvirtuando el verdadero servicio público de la administración de justicia, el cual debe ser permanente y gratuito, porque se atenta contra el estado social de derecho mismo.  La sociedad y el estado deben también responder con medidas estructurales y serias.

Frente al tema de la reforma constitucional, el mal llamado “equilibrio de poderes”, hemos dicho que la rama debe democratizarse en su interior permitiendo la participación de las jueces y jueces, las magistradas y magistrados, las empleadas y empleados, y la academia en su órgano de gobierno, porque ello genera mayor control, transparencia y eficacia en la gestión administrativa de la rama judicial. Que la carrera judicial debe implementarse de manera plena y hasta las altas cortes. Que debe garantizarse un presupuesto suficiente y oportuno para el normal funcionamiento para la demanda de justicia actual y futura. Que la potestad disciplinaria contra el juez debe ejercerse con base en un estatuto especial, cerrado y típico, y las decisiones deben tener naturaleza administrativa. Que la justicia debe despenalizarse y sacar a la Fiscalía General de la estructura de la rama para crear un órgano autónomo e independiente de rango constitucional. Por lo tanto, el llamado a las bases para que todo siga igual no es responsable con el país ni con las juezas y los jueces.

Como pueden observar, desde ASOJUDICIALES hemos creído en la utopía de que las Juezas y los Jueces sí tenemos voz propia.