Entre los fines de una asociación de servidores judiciales, además de procurar conquistar las mejores condiciones laborales posibles, entendido lo posible en términos de relación con la producción de bienes y servicios de una sociedad (Producto Interno Bruto), se encuentra poner de manifiesto, en el debate público, la perspectiva de quienes administran justicia. Perspectiva que se obtiene desde el que hacer de la función judicial de aplicar la descripción abstracta de la norma al caso concreto para zanjar una disputa, de cuya operación emerge una sui generis visión del derecho,  ignorada por quienes ejercen el poder de legislar, que de lograr ser tomada en cuenta contribuiría a una más  adecuada racionalización de esa disciplina, optimizando su eficiencia y eficacia, y en ultimas, ampliando los márgenes de legitimidad de un concepto que sigue siendo abundante en contenidos retóricos y precario en regular la vida social, el Estado Social de Derecho.

Digamos que la ocasión es propicia para ASOJUDICIALES,  porque está en la palestra la reforma a la administración judicial; y aunque la suerte esté echada, pues las fuerzas políticas están ya alinderadas y con agenda definida, como Edipo,  nosotros sabemos el resultado de la reforma: no tocar el actual método de  provisión de cargos de los magistrados de las altas Cortes; que seguirá siendo según pareceres y conveniencias de quien los nomina y elige, no mediante concurso de méritos, como sería deseable, no consignar obligación alguna respecto a un incremento significativo del presupuesto de la Rama, e incluso ni siquiera cabe esperar la supresión de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o que se diseñe una institución que en verdad someta al imperio de la ley a los funcionarios aforados que han ocupado altísimos cargos en el Estado; la coyuntura sirve entonces para dar la lucha y constituirnos en una organización que con igual ahínco busque la conquista de reivindicaciones económicas y reformas legislativas que promuevan soluciones democráticas a los conflictos sociales, porque sólo en el trasegar por evitar lo inevitable es que la vida adquiere valor y significado.

Propongámonos también, hacer una reflexión o autocrítica de nuestra propia labor como dispensadores de justicia, de la forma como afrontamos el ejercicio interpretativo de la norma y damos resolución al caso puesto a nuestra consideración, de cómo no somos ajenos y si contribuimos a la percepción ciudadana de inoperatividad de la administración de justicia, al ser ciegos instrumentos de un positivismo ramplón; plagado de tecnicismos y vericuetos, que hace interminables los procesos y finalmente no saldan los problemas sino que los difieren o incentivan su resolución por propia mano o terceros que emergen como para-estados, con consecuencias negativas para la paz y la democracia. Se trataría entonces de romper una tradición interpretativa dieciochesca, que entre nosotros es más rígida por la influencia escolástica, para abordar nuestra tarea desde interpretaciones axiológicas y finalistas que den cuenta de la complejidad del asunto, y viabilicen su solución integral y satisfactoria.