La Sala Plena del Consejo de Estado declaró el día de ayer la improcedencia de la aclaración de la decisión adoptada el pasado mes de julio, conforme a la cual es nula la postulación y elección del actual presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por desconocer los artículos 126, 209 y 255 de la Constitución.

Surge entonces un nuevo ingrediente en la situación de anormalidad que vive la Rama Judicial: quién y cómo garantizará que se implementen las decisiones adoptadas y anunciadas por la Sala Administrativa en el contexto de las conversaciones adelantadas con las organizaciones sindicales, como la ampliación de la planta permanente de la Rama Judicial?. Se espera que al interior de dicha Corporación exista el convencimiento y la voluntad de implementar dichas determinaciones.

 

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