A PROPÓSITO DEL MEJOR ABOGADO…

 In DESDE OTRO LUGAR

 

Hay frases que surgen producto de las circunstancias y que procuran impactar en  la conciencia social con la fuerza de una denuncia o con la fortaleza de una gran verdad. Son frases que van de boca en boca y se propagan por los circuitos sociales hasta consolidarse y alcanzar la categoría de “MEMES”.

 

En estos días, a los judiciales de Colombia, a quemarropa, se nos enrostró uno de esos “MEMES” a propósito de una libertad concedida a un ciudadano en el desarrollo de un proceso penal y que ha sido mal visto por la sociedad civil.

 

La frase es: “El mejor abogado de Colombia se llama vencimiento de términos”.

 

Los judiciales podríamos responder, desde el punto de vista estadístico, que no es cierto que todos los procesados privados de libertad se les excarcela por este fenómeno pues sólo se trata de casos muy excepcionales.

 

Sin embargo, con el paso de los días, la posible respuesta o argumento de los judiciales ha perdido peso y ello se debe a una razón estructural que el país se niega aceptar muy a pesar de que en las últimas protestas judiciales el tema ha estado en el centro del conflicto. Ocurre que la planta de personal y la infraestructura con la que funciona la Justicia en Colombia no responden a la demanda del servicio.

 

Las limitaciones de la planta de personal de la Justicia en Colombia resultan desproporcionadas en tanto el número actual de jueces bien pudo en su momento satisfacer a plenitud las exigencias de la sociedad colombiana de finales de los años 80’s.

 

En otras palabras, hoy por hoy, a los Jueces Colombianos en las grandes y medianas ciudades se les impone una carga de trabajo equivalente a unos diez juzgados, ello teniendo en cuenta que la cifra razonable de procesos que puede conocer un juzgado, se aproxima a los  120 o 200 expedientes. Despachos judiciales con 1.000 y hasta 3.000 procesos son insostenibles.

 

En ese contexto tan angustiante, es inexplicable que el poder legislativo, irresponsablemente, a la hora de elaborar los Códigos de Procedimientos, consagre garantías válidas para los enjuiciados descuidando la capacidad de respuesta de los despachos judiciales.

 

Un proceso debe completarse (perfeccionarse) en un plazo razonable, pero de ninguna manera se pueden perder de vista las posibilidades reales de la Justicia.

 

Lo ideal es crear unos juzgados especiales que atiendan en exclusiva los procesos que obtengan el calificativo de asuntos de “interés nacional” mientras se decide por fin incrementar la planta de personal, mejorar la infraestructura y nivelar los ingresos de los judiciales.

 

La otra cara del problema es el número exagerado y extraordinario de punibles que se producen en el país. Una media de 25 homicidios mensuales en una ciudad intermedia, por ejemplo, es muy crítico. Se requiere entonces una Policía Judicial muy fuerte y un mayor número de Fiscales.

 

La policía judicial también tiene las mismas limitaciones en su número y en su infraestructura, hecho objetivo que conoce la delincuencia y, por ello, conscientes de esa omisión estatal, los forajidos desafían las instituciones.

 

Las protestas judiciales siempre han sido descalificadas por la prensa sin que se investigue a profundidad la validez de sus razones, pero el hecho de que todo el estamento judicial admita la seriedad de las pretensiones de ASONAL JUDICIAL (así no compartan el procedimiento), determina que el sector no han encontrado una vía distinta para dar a conocer esta realidad con el fin de que el Gobierno atienda sus reivindicaciones.

 

En estos momentos, en los que se han silenciado las balas de la guerra, un porcentaje del presupuesto que se dejará de usar en material bélico deberá invertirse en Educación, Salud y Justicia. En el caso de la Justicia, se impone una reingienería al Consejo Superior de la Judicatura en procura de que su gerencia asuma una verdadera representación de los jueces -no lo están haciendo- y se desempeñe a la altura de su compromiso.

 

Los términos se vencen -sencillamente- porque los Jueces están sobrecargados con un exagerado número de procesos que superan sus posibilidades. Lo primero que debe hacerse para equilibrar este orden injusto es entrar a definir la carga razonable de procesos de cada juzgado atendiendo su especialidad, para así poder fijar el número de jueces que debe conformar una planta de personal óptima. En ese momento, se terminan las excusas…

 

Es imprescindible que la sociedad colombiana asimile y entienda la verdadera problemática de la Justicia (sus limitaciones) para evitar que se siga fomentando su desprestigio por tantos necios que llegan a conclusiones ligeras y superficiales sin entender que estamos ante un problema estructural.

 

Y, el día en que se consolide esa planta de personal para la Justicia con una mejor infraestructura, entonces sí se podrá hablar de equilibrio de poderes y el habilidoso señor “vencimiento de términos” dejará de ser el MEJOR ABOGADO.-

 

FREDY MACHADO LÓPEZ

JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA.

 

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