El pasado martes 19 de enero, Danilo Rojas Betancourth con 21 votos a favor, fue elegido por la sala plena del Consejo de Estado como nuevo presidente de esta corporación. Cuenta con un recorrido de cinco años en la sección tercera del Consejo de Estado, y una larga carrera en varias entidades del sector público. Rojas asume la presidencia del Consejo de Estado en un momento delicado para la Rama Judicial.

Oriundo de San Antonio Tolima, es abogado de la Universidad Libre, cuenta con especializaciones en Derecho Público, Argumentación Jurídica y Derecho Administrativo, además ha sido director del programa de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

Basado en la débil imagen que hay en el país de la Rama Judicial a causa de la desinformación de los ciudadanos, propone desde su nueva investidura la promoción de la “Cultura de la Legalidad”: con el fin de promover buenas prácticas de legalidad, propone acercar el Consejo de Estado a las distintas administraciones locales, mostrando las principales causas de litigios con el Estado y de esta manera reducir la cantidad de litigios que se interponen ante el Estado y por ende los costos de producción de jurisprudencia.

Frente a los temas de la paz por un lado plantea que las sentencias de responsabilidad de la Nación contienen valiosos aportes que deben ser tenidos en cuenta para la reconstrucción de la Verdad; así como la necesidad de incluir las memorias del Consejo de Estado al archivo de Memoria Histórica del Conflicto. Por otro lado  considera que la propuesta de una Jurisdicción de Paz y Verdad, compuesta por jueces y magistrados de otros países es una medida audaz que puede contribuir enriquecer el debate de la justicia transicional.

Igualmente reconoce que es prioritario para el Consejo de Estado resolver las acciones interpuestas ante el nombramiento de tres de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial que tiene detenido el funcionamiento de dicho órgano; se muestra en desacuerdo con el cierre de la Sala Administrativa del Consejo Superior de La Judicatura reemplazada por el CGJ, ya que no es un problema que sea resuelto a través de un cambio normativo o de diseño institucional, sino que es un tema de voluntad y cultura.

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