La reforma constitucional llamada el “Equilibrio de Poderes”  ha sido un tema de la mayor actualidad en el segundo semestre del presente año, que ha acaparado la atención de la opinión pública, tanto como el proceso de negociaciones en La Habana.

Dentro del proyecto de Acto Legislativo, la reforma  a la Justicia, es una de las cuestiones más controversiales y combatidas en la actualidad, pero ¿qué se sabe de la conveniencia de ser tramitada por el Congreso de la República? ¿Qué ventaja tiene que el Gobierno al culminar el primero de ocho debates, prevenga al Congreso de “no más modificaciones o se discute o aprueba como fue presentada o no se aprueba”? ¿Acaso el Congreso que se posesionó el 20 de julio pasado, no se reprodujo? ¿Qué garantiza que las viejas prácticas hayan quedado desterradas y el conocimiento técnico, de lo que debe ser una reforma a la Justicia, haya brotado espontáneamente en la solemnidad de la fiesta patria que engalanó su posesión y les haya otorgado la voluntad política para realizar una reforma que haga armoniosa a la justicia con los demás poderes y sea tan eficiente, democrática, oportuna y eficaz como la esperamos los colombianos? ¿Qué se sabe en realidad de la verdadera voluntad del ejecutivo para proponer la recomposición en la distribución de poderes y de las autoridades que van a gobernar la Rama Judicial, en momentos tan cruciales que hace necesario salvarla del deshonroso 79% de impopularidad en que se encuentra?

Estas son las preguntas a las que los Colombianos intentamos dar respuesta y frente a las cuales no nos atrevemos siquiera a aventurar hipótesis, ello, basados en datos históricos recientes, que hacen pensar que el Congreso carece de legitimidad y el Gobierno de voluntad política, para hacer la reforma integral a la Justicia que el País a gritos reclama, la cual debe ocurrir dentro de un marco teórico y democrático que evite incurrir en los excesos  que se cometieron el año anterior.

Cuando la Rama Judicial cuente para la Administración Judicial y de Justicia con recursos humanos, técnicos y tecnológicos, desprovistos de toda injerencia de las otras ramas del poder, administrados dentro  de un marco de planeación democrática a su  interior, se le despojará del lastre de ineficiencia, congestión e inmoralidad que actualmente la aqueja y que cuestionan, de modo radical, su legitimidad para ser la conciencia jurídica y moral del País.

La asignación de una eficiente administración a la Rama Judicial dotada de suficientes y autónomos recursos de presupuesto derivados de un porcentaje del PIB, permitirá evitar el apocalipsis en que se encuentra la Rama Judicial actualmente.

Sin embargo, no todo está inevitablemente prescrito para que ésta sea otra reforma malograda, si el interés de las bases judiciales, funcionarios y empelados, unido a una positiva orientación de los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, podremos sacan avante una reforma a la Constitución, librándola de intereses oscuros en el  Congreso  y de angustias de corto plazo por parte de algunos magistrados, excluidos desde luego los de la Corte Constitucional que no participaron en la reforma anterior.

Un debate sin el País y sin las bases judiciales?

Salvo la discusión y aprobación de la Carta Política de 1991, durante los 23 años que han transcurrido desde su promulgación, los debates intelectuales y políticos sobre la reforma a la Justicia, han sido tratados exclusivamente en las Altas Cortes, el  Gobierno y el  Congreso, salvo en algunos casos, en los que la academia ha sido invitada y ha estado acompañándolos.

Desde luego, cometeríamos un error al subestimar la importancia de los conocimientos de las Altas Cortes, sobre lo que debe ser el nuevo modelo de administración judicial y de justicia, sin ellos, estaríamos en graves dificultades para encontrar un marco teórico suficiente que garantice una reforma equilibrada y comprensiva de todos los problemas que aquejan a la administración de Justicia. Vimos como, por ejemplo, que a través de comisiones de reforma integrada principalmente por magistrados de Altas Cortes, podemos hoy contar con un moderno Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y un Código General del Proceso, estas son pues, dos obras que ejemplifican que la tarea se puede realizar.

En efecto, el propósito de reformar la Justicia es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos del Congreso y del Gobierno; los Jueces y Fiscales, los empleados judiciales, los abogados, la academia, los gremios económicos, los usuarios de la administración de justicia, tienen algo que decir en temas tan opinables hoy en día como la congestión judicial, el control disciplinario y penal de los más altos dignatarios de la Rama Judicial y del Gobierno Nacional, la eliminación de toda duda de captura del regulador a través de la elección de Magistrados por otro órgano del poder, la forma de proveer plazas de magistrados en las Altas Cortes, la proscripción de puertas giratorias, la erradicación de sombras de corrupción en la Justicia y la reducción al máximo de las altas tasas de impunidad y de congestión, son algunos de los temas que nos atañen y que necesariamente deben quedar incluidas en la reforma judicial.

Corresponde pues, a todo el mundo, reformar la Justicia, al campesino al que se le despojó la tierra  por la violencia y al que administrativamente se le pretende despojar nuevamente, al empleado bancario, al industrial y al manufacturero, al líder de la comunidad indígena, al obrero y al estudiante, pues desde sus  personales puntos de vista, cada uno ve las cosas importantes que debe tener la administración de Justicia.

Por ello, el asunto de la Reforma a la Justicia merece ser más democrático y participativo, que consigue ser más sistemático y metódico, donde las reformas sean estudiadas con precisión dentro de un diálogo social en el que constantemente surjan ideas tanteadas de transformar para mejorar, a través una Asamblea Constituyente para la Justicia, elegida popularmente que integre un foro de eruditos y no de impedidos y no sea sometida a la balbuceante e imperfecta discusión en una audiencia donde siempre se van a presentar intereses ocultos y temores inconfesables.

Este es a mi entender, el papel de los actores jurídicos, sociales e intelectuales, de cara a la enorme preocupación de los servidores judiciales, ciudadanos como todos, que vemos cómo la majestad de la Justicia está cayendo a niveles alarmantes de credibilidad que nunca antes había registrado en toda la historia Republicana.

En posterior escrito, presentaremos con mayor claridad y precisión los métodos para su conformación, algunos temas centrales de la reforma a la Justicia, que es útil participar con suma urgencia a la comunidad jurídica, social y económica.