Existe un consenso, más o menos generalizado, según el cual la administración de justicia en Colombia es la cenicienta de los poderes públicos. Carece de presupuesto suficiente para atender sus gastos de funcionamiento e implementación de los nuevos esquemas de juicio oral, su credibilidad se encuentra en el nivel más bajo de toda su historia, la congestión es un problema crónico y la autoridad de sus decisiones es cada vez menor –obsérvese como se convirtió en un trámite común el incidente de desacato de los fallos de tutela-.

Ante tan lastimoso panorama resulta indudable que no solamente tenemos “jueces sin Estado” en algunas regiones del país, tal y como lo muestra en su investigación el profesor Mauricio García Villegas (Siglo del Hombre Editores, 2008), sino que todo el poder judicial se encuentra huérfano de respaldo institucional. Desde esta perspectiva ASOJUDICIALES, tal y como lo ha venido reiterando, encuentra legítimos los reclamos liderados por un sector de ASONAL JUDICIAL. No obstante, existen objeciones respetuosas a la utilización del cese de actividades como medio de presión para solucionar los problemas de la administración de justicia, porque se envía un mensaje, a nuestro juicio equivocado, que se condensa en el siguiente postulado: “como la justicia no tiene Estado entonces la sociedad no tendrá justicia”.

Siguiendo las leyes de la negociación propuestas por el especialista en la materia, Alfred Font Barrot (Random House Mondadori, 2013), la fórmula planteada por ASONAL mantiene el estereotipo negativo de las organizaciones sindicales, que afecta su capacidad de negociación ante el Gobierno Nacional. Al negarse la prestación del servicio de administración de justicia a los ciudadanos, los servidores judiciales perdemos nuestra propia autorización para reclamar mejores condiciones de la Rama Judicial.

En efecto, el escaso impacto mediático del paro, a pesar de que se acerca a los dos meses, resulta especialmente demostrativo del precario reconocimiento social de los servidores judiciales y desvaloriza al Juez como garante de los derechos. De allí que el ejercicio de vías de hecho en el sector justicia resulte en mayores costos para nuestra imagen institucional, en relación con los beneficios que se pudieran obtener por esa vía, porque la sociedad, a quien debemos nuestra existencia, no se identifica con dichos beneficios.

Es por todo lo anterior que ASOJUDICIALES al afirmarse como una agremiación sindical de jueces para los derechos, asumió el reto de mejorar las condiciones de la administración de justicia reconstruyendo la imagen del juez ante la sociedad, sin convertirla para ello en su víctima, al negarle la justicia que reclama, sino en una aliada que nos permita negociar estratégicamente teniendo la llave de nuestra propia autorización construida a partir del reconocimiento. Reconocimiento que solamente se obtiene de los usuarios de la administración de justicia.

Concluyo con la siguiente aseveración del profesor Alfred Font, para cuestionar el actual cese de actividades (p. 44): “Sin autorización propia nuestro comportamiento se infantiliza y no responde a nuestros intereses sino a la adhesión a las expectativas ajenas y a los roles que los estereotipos sociales nos adjudican”.