De tantos temas que rodean en este momento la administración de justicia me llama fuertemente la atención el poco interés que despierta este tema a los ciudadanos, a los propios servidores judiciales y al Gobierno. Lo manifiesto, pues existe una reforma constitucional, un paro que lleva más de un mes, encuestas de percepción que dejan mal evaluada la justicia, percepción de impunidad, tutelas de impacto mediático, nulidades de elecciones de magistrados entre otros, sin embargo las mismas no dejan de ser solo una mención del día, contrario a otros temas que generan pasión o interés inusitado, sin que yo pueda alegar que no son menos importantes, pero sí que su impacto no es de igual envergadura frente al servicio a la sociedad, como lo es el fútbol, la lesión de un jugador, su transferencia a un equipo, el valor de su pase, la posibilidad de ser premiado, la mujer más bella, la más fotogénica, entre otras de las últimas semanas.

No sé, si es que damos por sentado que el servicio de administración de justicia no sirve, o que no es necesario, pues que una rama del poder público, primigenia desde la concepción del Estado, y considerada por algunos teóricos dentro del Estado Social y Democrático como fundamental, enfrente tales embates sin que merezca de la sociedad y el Gobierno su atención.

Algunos se apegan a enrostrar los tiempos y demoras de los procesos, indicador que si bien es importante para el ciudadano y el Gobierno, el mismo no puede ir separado de la capacidad de atención del servicio, entendida como contar con los medios para ello, y se ha dicho que la demanda de justicia o los servicios que prestamos se han incrementado un 303 % y nuestra capacidad un 24% desde 1993, fecha en la cual ya se encontraba congestionada, será entonces que no existe fundamento suficiente para entender que hay un problema estructural.

Pero la realidad es que nosotros los colombianos no entendemos de justificaciones y me incluyó pues no puedo dejar de lado mi idiosincrasia, solo queremos resultados, la verdad es que no es fácil convivir con tantos males, la delincuencia, el narcotráfico, la impunidad, la explotación, la pobreza, el conflicto armado, etc., para andar pensando en otra más, donde el actor se observa como parte de ese aparato llamado Estado, que lo hace menos atractivo, pero esta excusa solo es predicable de nosotros los ciudadanos, pero que justificante tiene el Gobierno Nacional.

Y por más que me esfuerzo en pensar porque para el Gobierno la administración de justicia no merece su atención o preocupación, no halló justificación diferente a las conocidas en los mentideros políticos, “ahí no hay plata que repartir”, “no hay puestos por nombrar”, “no existe una gestión que mostrar para los votos”, o con un pensamiento malicioso, “que no es bueno tener una rama judicial fuerte pues entonces sería mayor su control y por ende menor movilidad de la corrupción”.

Olvida la ciudadanía y Gobierno, que esa rama del poder público es la última instancia de resolución de conflictos, del control de constitucionalidad y legalidad y por ende de garante de las libertades y los derechos, a través del medio judicial más popular, la tutela, que es la encargada de mantener el orden jurídico y social, y que sin ella seriamos otra tiranía más o una mascarada de democracia, que de seguir igual solo nos lleva a las palabras de Hugh Tomas “para que la tiranía prospere, solo hace falta que la justicia guarde silencio”, y nada más efectivo que limitar su posibilidad de acción como la inanición, por la falta de recursos y atención.

Además tal conducta solo beneficia a quien no quiere ser controlado por la ley a través de la rama judicial, es decir, a quienes quieren que no se protejan los derechos fundamentales, quienes no quieren un control constitucional o legal, o quien no quiere que se tomen decisiones judiciales en forma pronta, quienes no quieren responder penalmente por sus actos.

Donde entonces si se quiere una justicia real, pronta y oportuna hay que permitirle y dar la oportunidad de que funcione, permitiéndole contar con los recursos que requiera, y nunca ello puede considerarse un costo, o un despilfarro, por el contrario es una inversión en la paz, la prosperidad y la seguridad, permitiéndome recordar las palabras de Simón Bolívar “más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía.”

MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMIREZ

Juez Sexto Administrativo de Oralidad de Neiva.