Justificación

El salario de los jueces y magistrados es una de las garantías de la independencia judicial, según se extrae de varios instrumentos de Derechos Humanos y constituciones de diferentes países. Así, la estabilidad de los salarios de jueces y magistrados pone a salvo a la administración de justicia de presiones de diferente índole: de los demás poderes públicos y de factores reales de poder en una sociedad que, bajo circunstancias determinadas, ve en la recta impartición de justicia como una amenaza a sus intereses.

Son varias las constituciones que consagran expresamente la prohibición de disminuirlo directa o indirectamente; también Naciones Unidas y diferentes organizaciones internacionales de jueces se expresan sobre la protección que se debe dar al ingreso de los jueces en las democracias y en favor de la protección de los Derechos Humanos, pues dicha injerencia se ha consolidado como un mecanismo para afectar la independencia y provocar el deterioro progresivo y posterior colapso de los poderes judiciales.

Los jueces y magistrados colombianos hemos tenido durante 33 años una exención tributaria, parte de la garantía de independencia judicial, que fue revocada por el Estado con la Ley 1943 de 2018, LEY DE FINANCIAMIENTO, con la cual se derogó lo contemplado en el estatuto tributario sobre el impuesto a la renta (del 50% para magistrados y 25% para jueces); medida que solo afectó a los funcionarios judiciales y no a otros, a quienes se les respetó su estatus tributario.