Como ha sido siempre nuestra consigna, para ASOJUDICIALES “SIN JUECES INDEPENDIENTES NO HAY DERECHOS”, por ello rechazamos categóricamente que se intimide a los jueces con la persecución criminal a que se ven sometidos por la Fiscalía General de la Nación, titular y parte de la acción penal, cuando no imponen medidas de aseguramiento.
Es triste decir que diariamente los jueces de Colombia nos vemos involucrados en una sistemática política de desprestigio, que no distingue entre autoridades de instancia o casación, y que pone en entredicho la legitimidad del Estado de Derecho.
En el deber ser, los jueces tenemos la vocación de decidir sobre los derechos de los ciudadanos; mediante providencias debidamente motivadas, sujetos al imperio de la ley, la Constitución, e inclusive, justificando desde los principios emanados de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, las razones por las cuales nos apartamos de los precedentes, siempre dirigidos a la garantía pro homine y pro libertatis.
Sin embargo, estamos viendo en Colombia la tendencia a marginar el Estado de Derecho, y a volcar la legitimidad, el poder punitivo y su vocación sancionatoria, en estamentos y organizaciones diferentes a las instituciones jurídicamente constituidas; para censurar y minimizar a ciertos individuos previo a un debido proceso con todas las garantías previstas en la ley.
La manipulación de la opinión pública en cabeza de algunas huestes de poder, no puede ocultar las falencias emanadas de la crisis en la política criminal, que se ahínca en la falta de la articulación de los poderes públicos en la construcción de una firme actvidad de investigación, acusación y juzgamiento de las causas penales. Cuando estas falencias se suman a la falta de acción del ente acusador, al no intervenir en los procesos ni impugnar las decisiones, y se considera que la decisión judicial no está acorde con el interés de la acusación ¿EL JUEZ DEBE SER CONDENADO POR LA INACTIVIDAD DEL FISCAL EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL?
Pues bien, los jueces de Colombia somos investigados y perseguidos por el ente acusador por no acceder a imponer medidas de aseguramiento con base en el artículo 7º de la ley 1826 de 2017; en una abrupta injerencia a la autonomía judicial, generando un nefasto antecedente. Virtualmente, una política criminal de Estado pretende eliminar toda independencia y autonomía del juez, impidéndole decidir desde los derechos, porque si no se somete a dicha política no sólo será investigado penal y disciplinariamente, también será presentado como el principal enemigo público, de manera que no solo se afecta la persona del juez, también la credibilidad de la justicia como forma civilizada de resolver los conflictos.
En dicho escenario, dónde quedan las garantías propias de un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que debe privilegiarse la libertad y las demás garantías personales?, a qué queda reducido el papel de los jueces de garantías, cuando la tarea que les confió la Constitución es precisamente impedir que el estado, en ejercicio de la acción penal, sacrifique o limite sin justificación válida, o de manera desproporcionada, los derechos de los ciudadanos?. Cumplir una Política Criminal no puede ser, en este Estado, más importante que garantizar la vigencia de los derechos.
Por ello el clamor de ASOJUDICIALES se dirige a exigir al Fiscal General de la Nación que en adelante se abstenga de impartir instrucciones para investigar a capricho a los jueces que no privilegien el derecho a la libertad de las personas. Si es necesario, nuestra voz será llevada ante los órganos internacionales a fin de defender la independencia judicial, piedra angular de las naciones contemporáneas, pues continuaremos en la lucha por nuestro postulado: LOS DERECHOS NECESITAN JUECES INDEPENDIENTES!
Bogotá D.C., 20 de octubre de 2017.
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