Por vía del Acto legislativo 01 del 4 de abril de 2017 ingresa a nuestro ordenamiento jurídico el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, despejando toda duda sobre la fuerza jurídica del acuerdo final.

Para las organizaciones civiles el ingreso por vía constitucional del acuerdo final y la claridad sobre su fuerza vinculante aportan a la implementación sostenible del acuerdo de paz, porque trascenderá la esfera de los acuerdos políticos para ser comprendido como una fuente de obligaciones para las partes; porque será garantía de cumplimiento para las víctimas, las partes y la sociedad; porque al estar consagrado en una norma jurídica el incumplimiento de sus deberes activará mecanismos que obligarán a respetar lo pactado;  porque la certeza del valor jurídico del acuerdo  y su incorporación a la normatividad lo tornarán irreversible, de manera que futuros gobiernos no podrán desconocerlo http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.933.pdf.

ASOJUDICIALES celebra que las víctimas del conflicto y la sociedad en general cuenten con herramientas para exigir a las partes el cumplimiento del acuerdo de paz, y espera, como lo hacen las organizaciones civiles, que su incorporación constitucional aporte a la sostenibilidad del proceso de construcción de la paz.

Este es el texto del ACTO LEGISLATIVO N° 01 DE 4 DE ABRIL DE 2017.