COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: EL JUEZ Y LA SENTENCIA JUDICIAL HOY
Los jueces y juezas de Colombia nuevamente hacemos público nuestro rechazo a las posturas de sectores del gobierno que discutiendo las decisiones judiciales fuera del escenario que les es propio pretenden quebrantar nuestra independencia, la cual debemos a los ciudadanos que acuden a los despachos judiciales reclamando la garantía de sus derechos (https://mobile.twitter.com/prensapaloq/status/880467406526844928).
En efecto, no sólo el Fiscal General de la Nación pretendió establecer una especie de responsabilidad compartida entre los autores del atentado en el Centro Andino y los jueces que ejerciendo la función de control de garantías de las actuaciones del ente acusador ordenaron la libertad de ciudadanos http://www.cmi.com.co/nacional/jueces-le-llaman-la-atencion-al-fiscal-general/420617/, también los medios de comunicación de manera sesgada hicieron eco a la versión de un alto funcionario gubernamental, conforme a la cual existiría un “cartel de jueces y abogados” que se especializa en tramitar acciones para que el estado deba pagar cuantiosas condenas, razón por la cual, sin que medie otro tipo de análisis, se publica que quien adoptó la decisión ha sido suspendida en el ejercicio de su cargo sólo por hacer justicia, acogiendo las pretensiones de 1.142 víctimas del conflicto armado en los Montes de María. Se aduce que, en opinión de un magistrado de la sala Disciplinaria, “ la única forma de frenar esta epidemia de demandas con pretensiones desaforadas contra el Estado es con fallos ejemplarizantes que ordenan la destitución de jueces y la exclusión de abogados del ejercicio profesional” http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-cartel-de-las-demandas-contra-el-estado-articulo-699139.
Al parecer, el Gobierno ha emprendido una política de desprestigio contra los y las Jueces de Colombia que se atrevan a dictar decisiones contrarias a sus intereses en asuntos sensibles a la opinión pública y con contenidos económicos que afecten el Presupuesto Nacional, puesto que, a través de los medios y de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, no sólo pone en la picota pública a los jueces, también los denuncia disciplinaria y hasta penalmente simplemente porque no están de acuerdo con la posición gubernamental.
Pensar que toda decisión contraria a los intereses de la Fiscalía General de la Nación es cuestionable sólo por este hecho, o que solamente deben acudir a los jueces quienes tienen ganadas las demandas, o cuyas pretensiones no son cuantiosas, es atentar contra el básico y sagrado derecho de la tutela judicial efectiva y del juez natural, como escenario independiente y democrático donde todos pueden ejercer los derechos; porque el juez es su garante. Reducir el debate penal al juzgamiento mediático, y el administrativo a la cantidad de demanda de justicia y cuantía de los procesos, es, por lo demás, simple y perverso. Que se acuda al juez en una sociedad atravesada por tantas violencias, es la mínima muestra de civilidad. Solo imaginar a Colombia sin ciudadanos que crean en los jueces y la justicia, resolviendo todos esos conflictos a través de la agencias del estado o de manera directa, impensable.
El papel del juez y de la sentencia judicial como la decisión que da el derecho y termina un conflicto entre partes, conforme a la Constitución y la Ley, a partir del ejercicio de la independencia judicial como derecho fundamental de los ciudadanos, debe respetarse y promoverse su cumplimiento. Así que, son los recursos y los controles ante los superiores funcionales los que deben servir de límite a las decisiones judiciales, no la amenaza de denuncias e investigaciones disciplinarias, y mucho menos tratar de convertir la Sala Disciplinaria en un arma política pues ésta también tiene el deber de independencia.
No se puede intimidar al juez y perturbar su actividad, y mucho menos sus decisiones, sobre la base del desmedro de los intereses generales de una élite gubernamental; tampoco puede admitirse una cadena de denuncias penales por prevaricato y otros delitos contra la administración cuando sencillamente no comparten el criterio independiente del juez; y mucho menos puede admitirse que el juez termine reafirmando sus decisiones a través de abogado defensor en los estrados penales. Puede que existan conductas poco ortodoxas de abogados y funcionarios cuya investigación es procedente, pero ellas no hacen parte de la decisión judicial ni cuestionan su papel en la sociedad.
El arma del juez independiente en su decisión es su motivación, la cual está sujeta al imperio de la ley, y para las partes existen los mecanismos ordinarios de impugnación.
Es inadmisible desde todo punto de vista que si el juez decide en contra de los intereses de la Fiscalía General de la Nación o de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, se cuestione la integridad y la independencia del juez, que se estigmatice la conducta del juez para poner en entredicho el carácter vinculante de su decisión. Tolerar esta tendencia es retroceder en el tiempo al ostracismo, menoscabando el Estado Social y Democrático de Derecho, y minimizando el Poder Judicial a los pies de los intereses del mejor postor.
Para las Asociaciones Sindicales firmantes son inaceptables los calificativos de los propios agentes del estado, del gobierno y de la gran prensa incitando al desprestigio del Juez, por encima de su conducto constitucional que es controvertir las decisiones judiciales a través de los recursos procesales, garantes del debido proceso.
Bogotá, 29 de junio de 2017.
LEIDA BALLÉN FARFÁN FREDY MACHADO LÓPEZ
PRESIDENTA ASOJUDICIALES PRESIDENTE ASONAL JUDICIAL
GERMÁN PEREZ SEPÚLVEDA ORLANDO CHINCHILLA
PRESIDENTE ASOJUSUR PRESIDENTE VOCERO JUDICIAL