CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
QUEBRANTA MESA DE CONCERTACIÓN
El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. PSSA15-10445 de 2015, intentó imponer un arquetipo de juzgado en las especialidades civil y familia con centros de servicios o secretarías comunes operadas por empleados trasladados de los despachos judiciales, es decir, pretendió robustecer la burocracia propia de ese esquema y debilitar la estructura básica del juzgado, a sabiendas de que esa figura fracasó en la Fiscalía General de la Nación y en el Sistema Penal Acusatorio, y que del propio diagnóstico de lo avanzado en la mesa de concertación también se concluyó, desde las experiencias existentes, la inconveniencia de ese modelo en la jurisdicción civil, por el traslado tanto de funciones judiciales, como de personal de la célula del Juzgado, que por el contrario requiere ampliación ante la sobrecarga generalizada que afrontamos.
En su momento, los sindicatos y agremiaciones de la Rama Judicial como los abogados litigantes levantamos la voz por la manera unilateral y autoritaria como se tomó la decisión de conformar centros de servicios, acogiendo simplemente criterios eficientistas y sin concertar con los empleados, jueces y usuarios de la administración de justicia, quienes tenemos el derecho a participar en las decisiones que nos afectan. (Art 2 CP)
Bajo la anterior premisa, el C.S.J. y varios sindicatos judiciales, con el fin de superar dicha crisis, suscribieron el 22 de enero de 2016 un acuerdo para construir el nuevo modelo de gestión judicial de manera concertada. Vocero Judicial, por desconfianza en el C.S.J., optó por permanecer en asambleas y solo por mediación de varios magistrados, con posterioridad se sumó a la mesa de concertación, junto con otras organizaciones que habían estado al margen. Actualmente todos los sindicatos de la rama judicial y los colegios de jueces formamos parte de ella, creyendo en esta nueva forma de solución de conflictos.
La CONCERTACIÓN es un principio y un derecho fundamental sobre el cual se deben construir las nuevas bases de la Rama Judicial, por ello, le apostamos a este nuevo paradigma cultural de las relaciones jurídico administrativas entre el CSJ, como responsable de la administración de la Rama Judicial y los empleados, jueces, magistrados y usuarios de la misma, porque creemos que como poder público y sector social podemos demostrar que es posible una sociedad pluralista y participativa basada en el diálogo, el consenso y la concertación.
La CONCERTACIÓN acordada se basó en dos elementos esenciales: 1) Las decisiones que se adopten por parte de los delegados ante las mesas de trabajo son vinculantes y, 2) No habrá imposición, ni por parte del Consejo Superior de la Judicatura ni por parte de los sindicatos, respecto de ninguno de los temas que comprenda la construcción de los modelos de gestión.
A pesar del compromiso suscrito, el pasado 27 de octubre, el CSJ, expresamente, desconoció el efecto vinculante de las conclusiones de la Mesa de Concertación, poniendo en riesgo el trabajo serio, metódico y bien fundamentado de nueve meses de diálogo, dejando en el limbo el proceso que ha iniciado la Rama Judicial en unidad para recuperar su legitimidad y el liderazgo que le reclama la sociedad colombiana y constituyendo una afrenta a todos los judiciales y usuarios del sistema que creímos en su voluntad y disposición de llevar a cabo esta construcción participativa.
Por todo lo anterior, los sindicatos y las agremiaciones judiciales, denunciamos públicamente la deshonra a su compromiso por parte del C.S.J. frente a la Mesa de Concertación, concluyendo que su cambio de decisión torna imposible la concertación con esa entidad, que pretende seguir dirigiendo de manera autoritaria. Ante ello, sólo resta poner en conocimiento de la comunidad judicial, de los usuarios de la administración de justicia, del señor Ministro de Justicia y del Derecho y del señor Defensor del Pueblo para que, como garantes, reconstruyan el proceso de concertación y exijan al C.S.J. el cumplimiento leal de los compromisos adquiridos con las bases judiciales, haciendo énfasis en que la imposición de dicho modelo por ese órgano afectará de manera directa al usuario de la administración de justicia, pues congestiona en mayor medida los despachos judiciales y aumenta el tiempo de resolución efectiva de los procesos.
COMUNICADO EN PDF: comunicado-conjunto-8-de-noviembre-2016-3