¿CUÁNTO CUESTA UNA JUSTICIA SIN RECURSOS?
Una reflexión sobre independencia judicial, autonomía institucional y responsabilidad pública
EDITORIAL
Hay silencios que son prudencia. Hay otros que son simplemente ausencia de palabras. Y hay silencios institucionales que, por las circunstancias en que ocurren, terminan convirtiéndose en un asunto que la sociedad tiene derecho a preguntar.
La discusión que hoy se desarrolla alrededor del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pertenece a esta última categoría.
No porque la JEP esté exenta de control. No porque sus resultados no puedan ser examinados. No porque sus decisiones o su funcionamiento deban quedar al margen del debate público. Toda institución estatal debe responder por la manera en la que administra los recursos públicos y por los resultados que obtiene.
La cuestión es otra. ¿Puede una decisión presupuestal afectar de manera sustancial la capacidad de una jurisdicción para cumplir las funciones que le han sido asignadas sin que la Rama Judicial participe activamente en esa discusión? La pregunta no es política. Es institucional. La independencia judicial suele entenderse como la ausencia de interferencias en las decisiones de los jueces. Sin embargo, una independencia puramente formal resulta insuficiente cuando las instituciones encargadas de administrar justicia carecen de las condiciones materiales necesarias para cumplir sus funciones.
La justicia necesita jueces independientes, pero también necesita despachos, servidores, tecnología, infraestructura, seguridad y recursos para atender a quienes acuden a ella. Por eso, el presupuesto de la justicia no puede analizarse únicamente como una cuestión contable. También es una cuestión de autonomía institucional.
En el caso de la JEP, la discusión adquiere una dimensión adicional por la naturaleza de las funciones que le fueron atribuidas y por su relación con los derechos de las víctimas. La propia jurisdicción ha advertido que las modificaciones presupuestales podrían tener efectos sobre su funcionamiento, entre ellos la atención de víctimas y testigos. Al mismo tiempo, desde el Gobierno y otros sectores se han planteado cuestionamientos relacionados con el costo, la eficiencia y los resultados de esta jurisdicción.
Ambas discusiones son legítimas. Lo que no resulta conveniente para el Estado de derecho es convertir una de ellas en sustituto de la otra. Controlar el gasto público no significa debilitar la justicia. Defender la autonomía judicial tampoco significa impedir el control sobre el gasto público. Una democracia madura debería ser capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es precisamente allí donde aparece una responsabilidad que no corresponde solamente a la JEP. También corresponde a las demás instituciones de la Rama Judicial.
Cuando una jurisdicción enfrenta una discusión que puede comprometer sus capacidades materiales para administrar justicia, es razonable esperar de las demás instituciones judiciales una participación pública, técnica y constitucional en el debate. No se trata de exigir confrontación con el Gobierno. Tampoco de reclamar pronunciamientos políticos. Mucho menos de convertir a los jueces en actores de una disputa partidista. Se trata de algo más sencillo y, al mismo tiempo, más importante: que la Rama Judicial explique a la sociedad cuáles son las condiciones que considera indispensables para garantizar una justicia independiente.
El diálogo entre los poderes públicos no es una amenaza para la independencia judicial. Por el contrario, forma parte de la vida democrática. Las autoridades deben relacionarse dentro del marco de sus competencias y con respeto por la autonomía de cada institución. Por eso tampoco sería correcto interpretar un encuentro institucional entre el Ejecutivo y las altas cortes, por sí solo, como una señal de subordinación.
La independencia judicial no se mide por la distancia física entre los poderes.
Se mide por la capacidad de cada institución para cumplir sus funciones sin someter sus decisiones a intereses ajenos a la Constitución y la ley. Ese principio debe valer siempre. Cuando se cuestiona una sentencia, cuando se discute un presupuesto, cuando se reforma una institución o cuando se plantea la creación de una nueva jurisdicción. Debe valer cuando la decisión favorece a quienes pensamos como nosotros y, especialmente, cuando afecta a quienes piensan distinto.
Por eso, desde ASOJUDICIALES consideramos que el debate actual debe superar la lógica de la confrontación política. La JEP debe rendir cuentas. El Gobierno debe explicar sus decisiones presupuestales. El Congreso debe ejercer su función de deliberación y control. Y la Rama Judicial debe defender, con argumentos y sin ambigüedades, las condiciones que permitan administrar justicia con independencia. Ninguna de estas responsabilidades excluye a las demás.
Colombia necesita discutir cuánto cuesta su justicia, qué resultados produce y cómo puede mejorarla. Pero también necesita discutir cuánto cuesta una justicia sin recursos suficientes para cumplir sus funciones. Porque cuando se debilita la capacidad institucional de administrar justicia, las consecuencias no recaen sobre los edificios, los presupuestos o las entidades. Recaen sobre los ciudadanos. Sobre la víctima que espera una respuesta. Sobre quien necesita protección. Sobre quien espera una decisión judicial. Sobre el juez que debe resolver miles de asuntos con recursos limitados. Y sobre una sociedad que necesita confiar en que sus instituciones pueden actuar con independencia frente a cualquier gobierno y frente a cualquier mayoría política.
La discusión presupuestal pasará. Los gobiernos también. Las instituciones, en cambio, permanecen. Por eso este no debería ser solamente un debate sobre cuánto dinero recibe una jurisdicción. Debería ser una oportunidad para recordar una regla elemental de la democracia: la justicia puede y debe ser evaluada y mejorada; lo que no puede ser es condicionada.
La independencia judicial no consiste en callar frente al poder ni en enfrentarse permanentemente a él. Consiste en poder hablar cuando corresponde, argumentar cuando es necesario y decidir siempre conforme a la Constitución y la ley. Ese es el verdadero sentido de una justicia independiente.
ASOJUDICIALES
Por una justicia independiente, accesible, digna y al servicio de la ciudadanía.