SEGURIDAD EN LAS SEDES JUDICIALES

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El Palacio de Justicia de Cali “Pedro Elías Serrano Abadía”, así llamado en honor del magistrado de Buenaventura inmolado en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, es una de las edificaciones en las cuales el Consejo Superior de la Judicatura ha realizado grandes inversiones presupuestales[1], sin embargo, allí se administra justicia en condiciones que no garantizan los derechos de los usuarios y servidores judiciales, como deja claro el suceso ocurrido en uno de sus ascensores el día de ayer, que causó la muerte de dos personas y heridas a otras cuatro.

 

ASOJUDICIALES se solidariza con las víctimas y con la protesta de los jueces y empleados que trabajan en esa sede, quienes elevan su voz para solicitar condiciones laborales acordes con la función que cumplen, pues este lamentable suceso deja en evidencia una realidad que debemos enfrentar diariamente muchos judiciales en distintos lugares del país: los inmuebles en que funcionan los despachos no cumplen con los requerimientos indispensables para administrar justicia. Queda en entredicho que los objetivos de los proyectos de inversión autorizados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en relación con la construcción y adecuación de los Palacios de Justicia se estén cumpliendo debidamente.

 

Algo así jamás debe volver a ocurrir, la justicia merece espacios físicos adecuados para la prestación de este servicio público, que ofrezcan las condiciones necesarias para facilitar el acceso y la atención, por esto solicitaremos tanto el Consejo Superior de la Judicatura como a la Dirección Seccional de Administración Judicial adoptar las medidas necesarias para que el Palacio de Justicia de Cali sea un lugar seguro y apropiado para administrar justicia.

 

Por su parte, el Gobierno Nacional debe comprometerse de manera definitiva a destinar los recursos necesarios, suficientes y permanentes para mantener en funcionamiento todos los Palacios de Justicia del país, para que se dignifique la administración de justicia y no se pongan en riesgo los derechos de quienes la solicitan y de jueces y empleados. Así lo solicitaremos al Presidente de la República y a los ministros de Justicia y Hacienda.

 

 

[1] https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/479052/INFORME+FINAL+CONSOLIDADO+CSJ-19-12-2011.pdf/53e99d6d-1ba9-4c24-a3ae-0e614a896746?version=1.0

 

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