LA PRIMA ESPECIAL DE LOS JUECES Y EL ESTADO DE DERECHO

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COMUNICADO PRIMA ESPECIAL

Mucho se ha dicho sobre la prima especial de las Juezas y los Jueces, creada desde el año 1992 por la Ley 4[1]. Finalmente, la Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019[2] reiteró que es un derecho que tienen todos los Jueces de la República a devengar mensualmente una prima del 30% al 60% del salario básico, sin carácter salarial, factor que es adicional a los demás emolumentos que percibe el juez. En la actualidad constituye un derecho adquirido, con justo título, declarado judicialmente.

 

Sin embargo, para el Gobierno Nacional este derecho no existe, ya que afirma que el pago del salario de los jueces se ha venido realizando conforme a la ley y no tiene deuda alguna por este concepto; para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), dicha prima debe liquidarse como parte de la asignación básica y no como un valor adicional a ésta, tesis desvirtuada en la Sentencia de Unificación; para otros, aunque el derecho existe, debe ser postergado frente a los requerimientos de planta de personal y la reforma a la justicia que se viene tramitando.

 

Entre tanto, para los Jueces de la República, esta lucha dada por más de 25 años, por los medios institucionales, es la expresión de que los jueces creemos firmemente en la vigencia de los Derechos y por ello también demandamos los nuestros. Representa también el reclamo por la vigencia de garantías de la mayor importancia en el Estado de Derecho: el respeto a las sentencias judiciales, la igualdad de trato y las garantías de nuestra independencia, dentro de las cuales está un salario proporcional y justo.[3]

 

La pregunta es por qué, entonces, el Gobierno Nacional, representado por Minhacienda, Minjusticia y Función Pública, se niega a reconocerla y pagarla oportunamente? Es decir, por qué se niega sistemáticamente a dar cumplimiento a la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014, la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 y cientos de sentencias que reconocen el derecho de las Juezas y los Jueces a esta prima? Ya en el año 2015 el Gobierno Nacional había interpuesto una acción de tutela contra la Sentencia de Conjueces emitida el 10 de abril de 2014, en la cual se reconocía este derecho[4], que fue declarada improcedente. ASOJUDICIALES emprendió las acciones oportunamente[5] y  ha señalado que este comportamiento, además de injusto y discriminatorio es una afrenta contra los JJC, asimismo contribuye a la des legitimación del Estado de Derecho. Esto constituye un antecedente gravísimo porque si es el ejecutivo quien desconoce los derechos de los mismos Jueces ¿qué sucederá entonces con los derechos de los demás colombianos?

 

El panorama antes expuesto es gravísimo para los Derechos de todos los Colombianos, porque, primero, atenta contra las bases fundamentales de la democracia, como es la división de poderes, el principio de legalidad, la efectividad de los Derechos, la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Segundo, socava la credibilidad de las instituciones democráticamente constituidas porque los jueces ya no dan la última palabra sobre los derechos sino que están a disposición del gobierno o servidor público de turno. Tercero, pone al ciudadano, hoy a los jueces, al límite del desespero pues no encuentra instrumentos institucionales para la defensa y garantía de sus Derechos y el cumplimiento de sus sentencias.

 

ASOJUDICIALES, siguiendo con su línea de acción frente a este debate, respalda las justas reclamaciones, prestará su apoyo decidido, emprenderá las acciones necesarias y convoca a la unidad de las Juezas y los Jueces de Colombia en torno al reclamo por este Derecho, pues somos los llamados a hacer claridad en este debate, declarando que no se pueden negociar derechos ya reconocidos mediante sentencias judiciales en firme; reafirmando la vigencia del Estado de Derecho, que se expresa en el reconocimiento de la fuerza vinculante de las sentencias judiciales y su carácter de última palabra en las controversias sobre los derechos; haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que frente a las justas reclamaciones que hemos ventilado por las vías institucionales, como corresponde a nuestro talante de jueces, responda de la misma manera, acatando el orden jurídico, sin desconocer el carácter de las decisiones judiciales ni promover nuevos debates frente a las mismas, cuyo único objeto es postergar indefinidamente el reconocimiento de derechos laborales.

 

[1] LEY 4 DE 1992. ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

 

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

 

[2] Sentencia de unificación nº 41001-23-33-000-2016-00041-02 de Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, de 2 de septiembre de 2019.

 

[3] Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. (…) Condiciones de servicio e inamovilidad (…) 11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

 

[4] Al respecto ver: http://www.asojudiciales.org/derechos-fundamentales-se-acaban-en-colombia-estado-colombiano-interpone-tutela-contra-jueces/

[5] Al respecto ver:

http://www.asojudiciales.org/la-prima-especial-servicios-funcionarios-judiciales-los-jueces-sin-justicia/

http://www.asojudiciales.org/asojudiciales-interpone-denuncia-disciplinaria-por-la-prima-especial-de-los-jueces/

http://www.asojudiciales.org/pago-de-la-prima-especial-a-los-jjc/

http://www.asojudiciales.org/los-jueces-no-devengamos-la-prima-especial-del-30/

http://www.asojudiciales.org/comunicado-numero-siete-la-prima-especial-de-los-jueces/

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