LA FISCALÍA DE NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ Y LA LEGITIMIDAD DE LA RAMA JUDICIAL

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A raíz de los audios que salieron a la luz en días pasados y que dan cuenta de una conversación entre Jorge Enrique Pizano, ex funcionario clave en el caso Odebrecht, y Nestor Humberto Martínez, actual Fiscal General de la Nación, en donde se habla de posibles situaciones irregulares en la contratación de la ruta del sol, diferentes medios de comunicación, figuras académicas, funcionarios, sindicatos y organizaciones sociales se han pronunciado al respecto, desde diferentes posturas y con diversas exigencias, como la renuncia inmediata del Fiscal, por considerar que a la cabeza de la institución encargada de ejercer la acción penal contra los Colombianos debe estar una persona completamente libre de cualquier mácula moral, ética, personal o económica. Por el contrario, para otros el tema es un capítulo más de la corrupción multinacional que escenifica el caso Odebrecht, invadiendo las instancias más altas del estado y la política.

Desde los principios que rigen el accionar de los jueces, el debido proceso, la oportunidad de defensa y la protección de los DDHH,  ASOJUDICIALES demanda que Nestor Humberto Martínez, como cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que hace parte de la Rama Judicial, asuma este caso con la seriedad debida y la responsabilidad que exige, siempre dentro de la justicia, la legalidad y la verdad, pues sus actuaciones arrojan sombras sobre toda la justicia colombiana. En efecto, ¿Cómo exigir a los Colombianos que cumplan con su deber de colaborar para el buen funcionamiento de la justicia (artículo 95 C.P.) si su Fiscal General de la Nación conocía graves hechos de corrupción y nunca los denunció?, ¿Cómo confiarán los Colombianos en que la acción penal se ejercerá de manera justa, imparcial, no selectiva, si graves conductas parecen no traer consecuencias para quienes ocupan altos cargos?

Creemos que las declaraciones de impedimento, que conducen a la elección de un fiscal ad hoc, son insuficientes en este caso en la medida en que esto no garantiza una plena transparencia en el caso Odebrecht, ya que puede implicar el acceso a información privilegiada por parte de algunos grupos económicos de presión, y aún así no se resuelve la grave encrucijada ética que este caso implica para la Justicia Colombiana.

El debate profundo recae en un dilema ético: la selección de un fiscal ad hoc tampoco resuelve la situación actual en que está implicado Nestor Humberto Martínez y además tiene un efecto potencialmente perturbador de la independencia judicial, pues da vía libre a la intervención de terceros en las funciones de la Fiscalía.

Demandamos que este caso se resuelva con celeridad y transparencia para aminorar los graves efectos que causa sobre la legitimidad de la justicia colombiana.

 

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