Justicia e impunidad en Colombia: reflexiones a propósito de una reforma ¿fallida?
ÁNDRES DÁVILA
La reforma a la justicia, en curso en el Congreso, modifica sin un análisis cuidadoso el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1991. Afecta la autonomía e independencia de la Rama y le da mayor capacidad de incidencia al Ejecutivo, mientras el Legislativo se blinda frente a la posibilidad de ser investigado, juzgado y condenado.
La reforma a la justicia no atiende el conjunto de problemas largamente diagnosticados. Introduce modificaciones en algunos aspectos, como la congestión, pero ni en ellos cuenta con un consenso suficiente para que se pueda esperar que al ser aprobada tenga un impacto significativo.
La reforma a la justicia parece, de antemano, condenada al fracaso (tanto la comentada en este paper, como la que está saliendo luego de varios debates adicionales y esfuerzos gubernamentales por no dejarla fracasar). Se ha hecho en contravía y sin el aval de quienes la tendrán que implementar, o con avales esporádicos y frágiles resultado de una negociación que no le brinda ninguna legitimidad.
Al final, la terca posición del Gobierno parecería responder a una extraña combinación de afán reformista, urgencia por recuperar control sobre el aparato de justicia (en contra de lo previsto en la Constitución de 1991) y aprovechamiento de la coalición mayoritaria que le permite sacar adelante las reformas
constitucionales y las iniciativas legislativas.