DAVID CONTRA GOLIAT

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Los cuadros de Caravaggio David vencedor de Goliat [1] y David con la Cabeza de Goliat[2] son un par de pinturas perturbadoras e interesantes. En ellos se encuentra la representación de la historia bíblica en la que el débil derrota al fuerte mediante su valor e inteligencia y la inscripción Humilitas occidit superbiam.

Más allá del drama artístico, estos lienzos denotan el espacio humano: la fragilidad del cuerpo del muchacho, su delgadez, su mirada compasiva frente al derrotado y, por otro lado, la pesada figura del gigante, la arrogancia de este y su dramática expresión en la que aún no comprende qué le pasó[3].

En la labor judicial a veces el juez, en la resolución de un caso, debe encarar con humildad y valentía a fuerzas poderosas, con el ánimo de proteger derechos. Como David, el funcionario judicial se enfrenta muchas veces con la fuerza de Goliat y ve cuestionada, por decirlo menos, su autonomía interpretativa. En algunas ocasiones el togado sale victorioso de la arremetida del fuerte, otras no.

Este es el relato de cómo David es vencedor.

Hace unos años ocurrió un suceso lamentable en el que estaban involucrados los padres de un pequeño niño y que, por los tintes escabrosos del mismo, llamó la atención de los directores de un programa de televisión.

Sin ningún miramiento, la programadora grabó una nota y comenzó a emitir, días previos a la presentación de aquella, la publicidad del reportaje. Este hecho dio lugar a la interposición de una acción de tutela en la que se solicitó una medida provisional soportada en un dictamen pericial, que daba cuenta de la afectación psicológica del menor de 7 años si llegaba a salir el programa al aire.

Héctor Bastidas Barajas tuvo en su despacho el 4 de marzo de 2014 esta situación y con la experiencia de más de treinta años en la carrera judicial, atendiendo la solicitud provisional[4], ordenó el 5 del mismo mes la suspensión de la emisión televisiva, en procura de hacer realidad el Estado Social de Derecho pensando en los derechos del infante a las luces de la Carta Política colombiana.

En su labor juiciosa, ejecutó dentro del auto una ponderación de los derechos que estaban en conflicto y resolvió que era necesario proteger la intimidad del menor que podía verse gravemente afectado en su diario vivir por el impacto televisivo, según concepto médico.

Como guardián de los derechos del pueblo, le informó al canal la decisión con oportunidad y en debida forma.

Ante la comunicación, cumpliendo aquella máxima extraña de que “las providencias judiciales se acatan, pero no se cumplen”, en la programadora decidieron continuar con la emisión de la nota sin atender la orden judicial.

Dentro del fallo, el doctor Bastidas se dio cuenta de que carecía de objeto tutelar algún derecho porque el daño ya se había consumado: el niño tuvo que soportar la indolencia de la programadora. Sin embargo, con el ánimo de cumplir el Decreto 2591 de 1991, en la sentencia ordenó compulsar copias a las autoridades penales competentes para que se analizara la conducta del director del programa y del gerente del canal de televisión ante la configuración del tipo penal de fraude a resolución judicial.

La programadora apeló la decisión de tutela. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó lo dicho por el entonces Juez Único Laboral del Circuito de Duitama.

Inconformes con la situación, los involucrados en sede constitucional como accionados decidieron denunciar al a quo por prevaricato bajo la premisa de una presunta violación a la libertad de expresión y un acto de censura, según su alegato, por la orden de medida provisional y la compulsa de copias.

Dentro de un trámite engorroso y por demás injusto, el sentenciador se volvió sindicado y se vio abocado a las penurias de tener que afrontar un proceso penal por la libre interpretación del derecho que es parte, en últimas, de su independencia judicial.

Tras las audiencias surtidas con el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Héctor Bastidas Barajas escuchó amargamente como su nombre se ultrajaba por más de cinco horas. Esto se convirtió en una agonía que debió soportar varios años más. Su familia lo acompañó en el dolor sin haberse imaginado que este hombre, con una carrera larga en la administración de justicia, que llegó a ser magistrado, nominado en el año 2005 como mejor juez y que es profesor de varias universidades, se vería difamado por su actuación tras una decisión en derecho.

Surtido el trámite penal, en la audiencia del 18 de abril de 2018, se solicitó por la Fiscalía la preclusión de la investigación penal en contra del jurisconsulto al considerar la causal 4 del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es “atipicidad del hecho investigado”.  El Tribunal de Instancia resolvió acceder a la petición de preclusión el 27 de junio de 2018.

Empero, la cosa no quedó ahí. El apoderado del canal televisivo solicitó que se revocara la decisión de preclusión para que se continuará la causa ante la Corte Suprema de Justicia.

El 6 de marzo de 2019, la Sala de Casación Penal decidió confirmar la providencia del Tribunal pregonando la atipicidad objetiva de la conducta realizada por el doctor Bastidas en sus providencias del 5 y 18 de marzo de 2014, con los siguientes argumentos:

  • Como juez de tutela, el sindicado tenía la competencia para resolver la medida provisional pedida, sin que por lo demás deba realizar un debate probatorio previo a resolver la solicitud.
  • Dado dentro del amparo se obró con miras a evitar que se causara un eventual perjuicio al menor, se puede afirmar que su proceder no era caprichoso o apartado de la legalidad de manera manifiesta u ostensible, y que, si en algún momento pudiera considerarse desacertada la de decisión, ello tampoco configuraba objetivamente el prevaricato, porque bajo su contexto no se califica el acierto del fallo judicial sino su ilegalidad
  • El actor estaba ante la ineludible obligación constitucional de respetar la garantía de los derechos de niños y adolescentes, so pena de incurrir en actuaciones ilegales en contra de una población con protección constitucional especial, razón por la cual la decisión no puede ser calificada como notoriamente opuesta al ordenamiento jurídico, aspecto que desvirtúa la presencia del elemento normativo del tipo penal.
  • Aunque la libertad de expresión, dentro de la que está la de prensa, es un derecho fundamental, esta no tiene el carácter de absoluta y por ello permite restricciones u obliga confrontarse con otros derechos de similar jerarquía en tensión, tal como se hizo.
  • Respecto a la compulsa de copia, la Corte solo dijo que la medida se hizo de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004. Ahora bien, esta decisión de remitir el asunto a la autoridad penal competente no implica per se que se haya incurrido en un delito, sino que simplemente propicia que el funcionario judicial destinatario de las misma estudie la situación y determine lo procedente.

Con esta decisión parece terminado este encuentro entre David y Goliat que duró casi cinco años y que nos dejó a los jueces un arma interesante, parecida a la que Caravaggio plasmó en la espada del joven: hay que recordar siempre que la humildad mata al orgullo.

Para acceder a la sentencia puede realizar la consulta aquí: segunda-instancia-53133

[1] https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/david-vencedor-de-goliat-caravaggio/d6e53bd6-f0d8-4547-820a-b4da71251550

[2] http://www.arteayud.es/reproducciones-al-oleo/david-con-la-cabeza-de-goliat-viena/

[3] Soto Caba, Victoria. Los Realismos en el Arte Barroco, pág. 88

[4] Esta medida provisional, vale la pena recalcarlo nació con la reglamentación de la acción de tutela como un mecanismo que tienen los jueces de la república, desde la presentación de la solicitud y antes de su fallo para evitar la afectación de un derecho fundamental, suspendiendo la aplicación del acto que lo amanece o vulnere. Decreto 2591 de 1991, art. 7-

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