¿CÓMO PROTEGER LA IMAGEN DE UN JUEZ?

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Por: Edith Alarcón Bernal. Jueza 61 Contencioso Administrativo de Bogotá. Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Derecho, Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, Candidata a Doctora de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó, en segunda instancia, lo que dijo un juez en 2017: es nula la autorización que el Concejo le dio al alcalde de Bogotá para vender las acciones del Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de la capital”, esgrimió el Espectador este 6 de diciembre de 2018. Hasta ahí, la noticia no parece más que darle la razón al juez cuarto administrativo de oralidad de Bogotá, no obstante este olvido es selectivo porque no se mencionó, ni por este medio ni por ninguno otro, que eran falsas todas aquellas afirmaciones en las que se dudaba de la imparcialidad del a quo.

 

Y es que aunque con la ratificación sobre la falta de cumplimiento normativo en la expedición del acuerdo del Concejo se confirmaba la nulidad señalada por el titular del despacho judicial, que derrumbaba las falacias que sobre la legalidad del fallo de primera instancia se habían levantado, la lesión sobre la imagen de Leonardo Antonio Castañeda no se reparó de ninguna manera.

 

Reza la Constitución Política que todos los ciudadanos tienen derecho al buen nombre, pero se volvió costumbre denigrar de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la decisión en derecho de casos con temáticas susceptibles política o socialmente. Para ejemplificar lo anterior, basta con recordar que la decisión del doctor Castañeda implicó para él y para su equipo de trabajo una presión indebida por cuenta de algunos medios de comunicación, que incluso de modo poco ético hicieron una filmación sin ningún consentimiento en el despacho judicial, enunciando que el juez se estaba escondiendo y procedieron en redes de información a tergiversar la realidad para señalar sin ningún tipo de fundamento que existía un interés personal en el juez al “tumbar la venta de la ETB” de Peñalosa como ex contratista de Petro.

 

Lo cierto de ese entuerto era que:

 

  1. Aunque Leonardo Castañeda fue contratista del Distrito, no lo fue ni del Concejo de Bogotá, ni de la ETB, estuvo vinculado dentro de alguna administración del alcalde Peñalosa en la Unidad de Mantenimiento Vial. 
  2. Como juez, no estaba impedido para emitir fallo en la primera audiencia oral, es más, era su obligación de acuerdo al artículo 179 de la Ley 1437 de 2011.
  3. Eran tan evidentes las falencias en el proceso de expedición del Acuerdo anulado en primera instancia, que el ad quem reseñó algunas otras.
  4. La investidura judicial tiene un carácter tan sagrado que incluso los que la portan evitan lesionarla con defensas extenuantes ante los medios de comunicación que le restan tiempo a lo importante, esto es, decidir los casos judiciales.

 

Este hecho “anecdótico”, además de reseñar uno de los episodios que ser juez conlleva,  genera las siguientes dudas: ¿cómo se puede defender un juez de la mala prensa, cuando esta se cierne sobre él para dañar su buen nombre? ¿Cómo se repara el nombre de un juez que fue ultrajado? ¿Cómo funciona el derecho al olvido en redes sociales o en medios de comunicación? ¿Cómo restaurar el perjuicio acaecido por la palabra lanzada sin miramientos por un sector que decide dañar a la administración judicial?

 

La respuesta frente a la primera cuestión para los jueces en Colombia parece ser la resignación. No existe defensa desde el punto de vista institucional ante las falsas noticias o incluso de los falsos periodistas[1], toda vez que se carece totalmente en las instancias judiciales de una institución fiable que le permita contar con un vocero ante los medios de comunicación y ante la comunidad en general. 

 

Es clara la ausencia de una oficina de prensa o de políticas eficaces de comunicación en el ámbito judicial, lo que conduce a propagar desinformación (sensacionalista) y permitir que se realicen juicios paralelos en los medios de comunicación,  aumentando la presión (indebida) sobre los jueces, lo que, además de comprometer la independencia judicial, alimenta la desconfianza en el sistema judicial[2].

 

Solo las altas cortes cuentan con oficinas de comunicaciones, no hay una oficina de prensa que se encargue de los comunicados de los jueces de primera y segunda instancia, lo que crea indudablemente una limitación en la comunicación por parte de los estrados y la ciudadanía, entre otras cosas, porque los jueces no tienen la función, ni la competencia para dar declaraciones en nombre de la rama judicial.

 

En cuanto a la reparación del buen nombre, al derecho al olvido en redes y a la restauración del perjuicio por noticias poco imparciales y/o veraces, la Corte Constitucional ha sostenido que los discursos políticos, relativos a servidores públicos o sobre asuntos de interés público, ostentan una protección constitucional especial[3], aclarando que en todo caso no es posible emitir información falsa o errónea relacionada con una persona que de algún modo ha sido involucrada con hechos de interés público[4]

 

Nuevamente, no existe frente a este tópico una directriz institucional, no obstante el impacto que tiene el asunto desde la perspectiva estatal y el daño que se ocasiona a la credibilidad misma de la administración de justicia.

 

De este modo, al igual que a todos los ciudadanos, los funcionarios judiciales solo tienen para su defensa las acciones legales y constitucionales dentro de las que se encuentra la tutela, que ha sido útil en casos donde la imparcialidad y veracidad de los titulares de prensa dejan mucho que desear[5].

 

En cuanto a las fotografías, incluso a las que se publican en redes sociales por los jueces, el máximo tribunal constitucional ha sido claro en insistir que no pueden ser usadas sin el permiso de sus titulares, razón de más para que se utilicen mecanismos como el amparo constitucional para su protección[6].

 

En este punto, más que falta de mecanismos,  la cuestión es la de siempre: falta de tiempo del juez para realizar su defensa y de recursos económicos que le permitan una defensa judicial adecuada con un abogado de confianza.

 

La solución parece ser la consecusión de pólizas colectivas para este fin o la generación de mecanismos que les permitan a los jueces, como en otras entidades públicas, obtener una defensa judicial accesible.

 

Este asunto no es menor, toda vez que no existe democracia sin jueces independientes y precisamente esa independencia implica el derecho para los funcionarios judiciales a actuar sin presiones de ningún orden, argumento bajo el cual se les debería garantizar la defensa ante un escarnio público.

 

Las instituciones están cambiando con la era digital, cada vez las comunicaciones en redes y en medios masivos se hacen  más importantes, motivo por el cual el funcionario judicial no puede seguir alejado de esa realidad siendo necesario que desde la rama judicial, como institución, se tomen medidas que eviten o por lo menos aminoren las consecuencias  como las padecidas por el doctor Castañeda.

 


 

[1] https://www.elespectador.com/opinion/falsos-periodistas-con-proteccion-politica-y-judicial-columna-732462

 

[2] http://www.dplf.org/sites/default/files/independencia_judicial_en_centroamerica_problemas_y_propuestas.pdf

 

[3] Corte Constitucional, Sentencia T-135 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). 

 

[4] Corte Constitucional, Sentencia SU- 1721 de 2000 (MP Álvaro Tafur )

 

[5] Corte Constitucional, Sentencia T 117-18 (MP Cristina Pardo)

 

[6] Ibídem

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